El financiamiento público en la educación superior en Chile: un debate que trasciende el corto plazo
Un proyecto con ecos fiscales y sociales profundos
El reciente dictamen de la Contraloría, que establece que los aportes del Estado en el FES deben contabilizarse como gasto público y no como un activo financiero, ha puesto en jaque la viabilidad fiscal de la iniciativa. Este cambio implica un aumento en el costo fiscal estimado en cerca de 5 mil millones de dólares para la próxima década, cifra que tensiona aún más las finanzas públicas en un contexto donde las necesidades educativas se extienden desde la educación parvularia hasta la escolar, y donde la sostenibilidad de las universidades está en entredicho.
Dos miradas enfrentadas: ¿impuesto o crédito?
El corazón del debate está en la naturaleza jurídica y financiera del FES. El gobierno propone un sistema que funciona como un impuesto a los graduados, donde el monto a pagar puede ser hasta 3,5 veces el costo de la carrera, con un plazo máximo de 20 años y una tasa fija sobre ingresos. Esto genera un mecanismo de solidaridad forzada, donde quienes tienen mayores ingresos subsidian a quienes no pueden pagar.
Esta tensión no es menor: mientras el impuesto busca la equidad fiscal y la sostenibilidad estatal, la forma en que se aplica puede generar desincentivos laborales, evasión y una carga excesiva para ciertos egresados, además de incertidumbre para las universidades.
El rostro humano detrás de las cifras
Más allá de los números, las historias de familias chilenas reflejan la complejidad del acceso a la educación superior. Paulina, madre de tres hijos universitarios, enfrenta cada semestre la angustia de cubrir los copagos que el CAE no financia, en especial en carreras de alto costo como Medicina. La falta de una cobertura total obliga a congelar estudios o buscar becas internas, que aunque valiosas, no alivian completamente la presión financiera.
Por otro lado, estudiantes como Alfonsina, que acceden a becas internas por mérito, muestran que el sistema ofrece alternativas, pero que estas no son universales ni libres de sacrificios, especialmente para quienes deben asumir costos de vida fuera de sus regiones.
Un contexto regional de crisis y resistencia
La problemática chilena no es aislada. En Argentina, el Congreso ha desafiado al presidente Milei, rechazando vetos a leyes que aumentaban el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, en medio de protestas masivas que reflejan la importancia social de la educación pública.
Esta tensión regional pone en evidencia que la educación superior es un campo de batalla político y social donde se cruzan demandas de calidad, justicia y sostenibilidad.
Financiamiento político y desigualdades de género: un paralelismo inquietante
En un giro paralelo, el financiamiento público ha alcanzado casi el 70% en campañas parlamentarias chilenas, con un predominio de créditos y aportes partidarios. Sin embargo, persisten brechas de género significativas, con hombres recibiendo más fondos, especialmente en autofinanciamiento.
Este fenómeno, aunque distinto en naturaleza, refleja cómo las desigualdades estructurales atraviesan ámbitos fundamentales de la democracia y la educación.
Conclusiones y desafíos futuros
El proyecto FES representa una oportunidad histórica para reformular el financiamiento de la educación superior en Chile, buscando mayor justicia y eficiencia. Sin embargo, los desafíos fiscales, jurídicos y sociales que enfrenta exigen una revisión profunda y diálogo amplio.
La evidencia apunta a que un modelo basado en créditos contingentes al ingreso, que combine solidaridad con sostenibilidad, podría ser la vía para evitar sobrecargas y preservar la autonomía universitaria.
Además, es imprescindible considerar el impacto en las familias y estudiantes, garantizando que el acceso y la continuidad educativa no dependan exclusivamente de la capacidad de pago inmediata.
En el escenario regional, la experiencia argentina y las tensiones sociales invitan a Chile a construir consensos que fortalezcan la educación pública como un derecho y un motor de desarrollo.
Finalmente, la gestión transparente y equitativa del financiamiento político y educativo es clave para fortalecer la confianza ciudadana y la calidad democrática.
El debate sigue abierto, pero lo que está claro es que las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro educativo, social y económico del país para las próximas décadas.