
En la fría madrugada del 7 de noviembre de 2025, un grupo de funcionarios con trajes protectores irrumpió en la Universal Ostrich Farms, en la Columbia Británica, para ejecutar el sacrificio de más de 300 avestruces. Este acto, aparentemente rutinario en el manejo de brotes zoonóticos, se convirtió en una tormenta que cruzó fronteras, desató controversias políticas y sociales, y expuso las tensiones entre salud pública, autonomía local y agendas políticas internacionales.
El proceso, sin embargo, no fue discreto ni aceptado sin resistencia. La familia Pasitney, propietaria de la granja, agotó todas las instancias legales, llegando hasta la Corte Suprema de Canadá, que finalmente desestimó sus recursos y permitió la ejecución. La medida detonó protestas en Edgewood, la pequeña comunidad rural donde se ubica la granja, con episodios que requirieron la intervención de la Real Policía Montada de Canadá.
Lo que elevó la controversia a un nivel inédito fue la inesperada y polémica intervención de figuras políticas y empresariales estadounidenses. El multimillonario neoyorquino John Catsimatidis, conocido donante republicano y autodeclarado amante de los animales, se convirtió en un defensor acérrimo de la granja. Catsimatidis logró atraer el apoyo de prominentes miembros del gobierno de Trump, como Robert F. Kennedy Jr. y Mehmet Oz, ambos críticos de las políticas sanitarias oficiales y opositores a la vacunación obligatoria.
Esta alianza inusual entre activistas antivacunas, magnates republicanos y productores avícolas canadienses desató un debate sobre la extralimitación del Estado en la gestión sanitaria y la autonomía de los actores privados.
Desde Ottawa, la respuesta oficial fue mesurada. El primer ministro Mark Carney mantuvo un perfil bajo, mientras que el ministro de Justicia, Sean Fraser, defendió la actuación de la CFIA, enfatizando la importancia de proteger la salud pública y la cadena alimentaria.
El impacto local fue profundo. Edgewood, una comunidad hasta entonces tranquila, se vio transformada en un escenario de tensiones y enfrentamientos, con costos millonarios para la policía y el comercio local. El diputado conservador Scott Anderson criticó la operación como una "acción mal ejecutada" que convirtió a la ciudad en un "escenario de ciencia ficción".
Finalmente, el sacrificio de las aves cerró un capítulo que, lejos de ser solo un asunto sanitario, expuso las complejidades de un mundo globalizado donde la política, la salud pública, la economía y la sociedad se entrecruzan en escenarios inesperados.
Conclusiones y consecuencias:
Este caso ilustra cómo una medida sanitaria local puede escalar a un conflicto transfronterizo con múltiples actores y agendas. La legalidad y necesidad del sacrificio están respaldadas por protocolos internacionales y nacionales para evitar pandemias, pero la contestación política y social evidenció la fragilidad de la confianza en las instituciones y la polarización creciente en temas de salud pública. La participación de figuras vinculadas a la administración Trump y movimientos antivacunas estadounidenses añade una capa de complejidad ideológica y mediática que dificultó la resolución pacífica.
En términos prácticos, la operación reafirmó la autoridad de la CFIA y la Corte Suprema, pero dejó heridas sociales y económicas en una comunidad rural, al tiempo que abrió interrogantes sobre la influencia de actores externos en decisiones soberanas. La disputa también puso en evidencia la necesidad de mecanismos de comunicación más transparentes y de políticas públicas que integren a las comunidades afectadas para evitar escaladas de conflicto.
Este episodio quedará como un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrentan los gobiernos en la gestión de crisis sanitarias en un contexto globalizado y politizado.