Triple homicidio en La Reina: la herencia, la máscara y la bolsa que desatan una tragedia familiar
El 18 de octubre de 2025, en una casa del barrio La Reina, un triple homicidio sacudió a la comunidad y, días después, a todo Chile. Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo reconocido por su trabajo con la Teletón, y sus dos hijos mellizos de 17 años fueron encontrados muertos. Los cuerpos de los adolescentes no presentaban heridas externas, pero la causa preliminar de muerte fue asfixia, mientras que Cruz-Coke falleció por heridas cortopunzantes.
La investigación inicial apuntó a un posible parricidio con posterior suicidio, pero pronto se descartó esa hipótesis. Los informes forenses confirmaron que las heridas no fueron autoinfligidas, y la ausencia del arma blanca encendió las alertas. La Fiscalía Metropolitana Oriente tomó el caso y la Brigada de Homicidios de la PDI comenzó a desentrañar una compleja trama.
El imputado y la escena del crimen
El principal sospechoso es Jorge Iván Ugalde Parraguez, psicólogo de 59 años, cuñado de Eduardo y tío de los jóvenes. Fue él mismo quien alertó a Carabineros tras encontrar los cuerpos en la propiedad familiar. Sin embargo, la frialdad en su relato y contradicciones en su versión levantaron sospechas.
Cámaras de seguridad captaron a Ugalde paseando a su perro minutos después del crimen, portando una bolsa de cartón que luego arrojó al Canal San Carlos. El contenido de esta bolsa no ha sido recuperado y se presume que podría contener evidencia relacionada con el homicidio.
En la inspección del sitio, la PDI encontró una máscara de gorila con pelo sintético y una pistola de juguete, ambos adquiridos por Ugalde en un mall chino la misma mañana del crimen. La máscara tenía manchas de sangre pertenecientes a la víctima adulta, lo que sugiere un intento de simular un robo.
El informe policial también detalla múltiples manchas de sangre en el inmueble, algunas con ADN de Ugalde, y un guante sintético con sangre en la terraza. La escena presenta indicios de una lucha, con fracturas en la puerta del dormitorio principal y manchas en manillas y peldaños.
Disputas patrimoniales y sospechas de envenenamiento
Un elemento clave en la investigación es la millonaria herencia familiar que involucra a las partes. La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada, constituida por los padres de las víctimas y los imputados, maneja un patrimonio superior a mil millones de pesos.
Libertad Triviño, abogada querellante, señala que "las tensiones por la redistribución de bienes tras el fallecimiento de los padres habrían desatado rencillas que podrían haber motivado el crimen".
Además, se investigan antecedentes de un posible intento de envenenamiento ocurrido en noviembre de 2024, cuando Eduardo Cruz-Coke fue internado por intoxicación tras consumir helados entregados por su hermana Trinidad Cruz-Coke y Ugalde. No se interpuso denuncia formal, pero el episodio es parte de las diligencias.
Voces en pugna
El abogado defensor de Ugalde, Marcelo Castillo, sostiene que las acusaciones carecen de fundamento sólido. "Mi representado tiene solo un 2% de participación en la sociedad familiar. Nadie mata por esa suma", afirmó, y denunció coacción en los interrogatorios.
Por su parte, la familia de las víctimas niega categóricamente cualquier vínculo con violencia intrafamiliar. El senador Luciano Cruz-Coke, primo de Eduardo, declaró: "Es imposible que Eduardo haya sido capaz de hacer daño a sus hijos; era un padre ejemplar y amoroso".
La investigación sigue abierta
Aunque Jorge Ugalde permanece en prisión preventiva desde principios de noviembre, la Fiscalía no descarta la participación de terceros. Testimonios de vecinos hablan de gritos y voces femeninas la tarde del crimen, y la policía ha citado a declarar a personas vinculadas al entorno familiar.
Los menores presentaron trazas de medicamentos inductores del sueño, lo que sugiere que pudieron haber sido drogados para anular su resistencia. La Fiscalía mantiene un plazo de 180 días para reunir más pruebas y esclarecer el caso.
Constataciones y consecuencias
Este triple homicidio desnuda una tragedia que va más allá de la violencia inmediata. Se entrelazan conflictos patrimoniales, presuntos envenenamientos, y una compleja red de relaciones familiares que terminan en una pérdida irreparable. La escena del crimen y las evidencias apuntan a un plan premeditado, con intentos de ocultar la verdad mediante simulaciones.
La sociedad chilena enfrenta aquí un espejo de las disputas internas que pueden fracturar familias y derribar años de convivencia. El caso también pone en evidencia las dificultades del sistema judicial para desentrañar hechos cuando las víctimas y los imputados comparten vínculos profundos.
Mientras la investigación avanza, el país observa con una mezcla de tristeza y expectativa, esperando que la justicia no solo sancione a los responsables, sino que también arroje luz sobre las raíces de esta tragedia.
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Fuentes consultadas: La Tercera, BioBioChile, CHV Noticias, El País Chile, informes de la PDI y declaraciones judiciales.