Estados Unidos y Venezuela: De la retórica bélica a la incertidumbre estratégica
Desde septiembre de 2025, el escenario en el Caribe y el Pacífico ha estado marcado por una escalada militar protagonizada por Estados Unidos, que ha llevado a cabo al menos 16 ataques contra embarcaciones consideradas narcolanchas, con un saldo de más de 64 personas muertas. Estos ataques, ejecutados sin juicio ni proceso, han sido calificados por Naciones Unidas como violaciones al derecho internacional y han generado un debate que trasciende la guerra contra el narcotráfico para rozar la posibilidad de un conflicto mayor en la región.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha mantenido una ambigüedad estratégica que ha alimentado la incertidumbre. En una entrevista con CBS, afirmó que "los días de Nicolás Maduro están contados", pero al mismo tiempo dijo que "lo dudo, no creo que vayamos a una guerra". Esta ambivalencia se refleja en su negativa a confirmar o desmentir planes de ataques terrestres en Venezuela, aunque reconoció que existen "planes muy secretos" y un despliegue militar sin precedentes en la región, incluyendo la llegada del portaaviones nuclear USS Gerald Ford.
Por otro lado, el gobierno estadounidense ha admitido ante el Congreso que carece de una justificación legal clara para atacar objetivos terrestres en Venezuela, limitando por ahora su acción a operaciones navales en aguas internacionales. Sin embargo, la presión militar y política sobre Caracas se mantiene, con ataques que, según la Casa Blanca, buscan "acabar con los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de Maduro". Esta narrativa, sin embargo, es cuestionada por organizaciones internacionales y gobiernos regionales, que denuncian la ilegalidad y la falta de evidencia que respalde las acusaciones.
En Venezuela, el régimen chavista ha respondido solicitando apoyo militar a sus aliados tradicionales: Rusia, China e Irán. Documentos filtrados revelan que Caracas ha pedido misiles, mejoras en radares y drones con alcance extendido, en un intento por fortalecer sus defensas ante la creciente amenaza. Este movimiento geopolítico multipolar añade una capa de complejidad a un conflicto que podría escalar más allá de la retórica.
Desde la perspectiva regional, el presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciado que los ataques estadounidenses son parte de una estrategia para "dominar América Latina", mientras que en la comunidad internacional se reclama una investigación independiente y transparente sobre los hechos para evitar más víctimas y violaciones al derecho internacional.
Para la sociedad civil y expertos, este episodio plantea preguntas cruciales sobre la legalidad y legitimidad de las acciones militares extraterritoriales, el respeto a la soberanía de los Estados y las consecuencias humanitarias de una política basada en la fuerza y la incertidumbre. El impacto en las relaciones internacionales, la estabilidad regional y la vida de miles de personas que habitan la zona se mantienen como variables críticas a observar en los próximos meses.
En definitiva, la historia que comenzó con ataques navales y declaraciones presidenciales se ha transformado en un drama geopolítico con múltiples actores, intereses cruzados y riesgos latentes. La certeza es que, más allá de las palabras y las amenazas, las consecuencias ya son palpables y la región está en una encrucijada que exige prudencia, diálogo y respeto a las normas internacionales para evitar una tragedia mayor.