Las Pymes en Chile: Un año decisivo marcado por retrasos, demandas y propuestas electorales

Un año decisivo para las Pymes chilenas se ha ido tejiendo en 2025, pero no por razones de crecimiento exuberante o innovación disruptiva, sino por la persistencia de viejos problemas que se han enquistado y nuevas tensiones que han emergido con fuerza.Las Pymes representan cerca del 65% del empleo nacional, según cifras oficiales y expertos, y su salud financiera es un termómetro de la economía real y del bienestar de miles de familias en todo Chile.

Retrasos de pago: una sombra persistente

A pesar de la Ley de Pago a 30 días vigente desde 2019, un 80% de las Pymes todavía enfrentan retrasos en sus cobros, principalmente cuando sus clientes son grandes empresas o entidades públicas. El promedio de atraso en los pagos alcanza los 44 días, con casos extremos que superan los 60 días, según una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y CobranzaOnline.com.Jorge Welch, presidente de Asech, advierte que "la morosidad no es solo un problema financiero, es un obstáculo estructural que afecta la viabilidad de miles de emprendimientos y el empleo que generan". Esta realidad ha obligado a muchas Pymes a recurrir a financiamiento externo o a enfrentar el riesgo de cierre.

La gestión de cobranza es otro talón de Aquiles: un 74% de las Pymes aún realiza este proceso internamente y sin herramientas especializadas, lo que las coloca en desventaja frente a grandes empresas con procesos robustos y tecnología avanzada.Belén Sanguinetti, socia fundadora de Cobranzaonline.com, señala que esta situación representa "una vulnerabilidad importante" para las Pymes.

Demandas y cuestionamientos a grandes actores

En medio de este escenario, un grupo importante de Pymes proveedoras de WOM presentó una querella criminal por el no cobro de boletas de garantía relacionadas con el despliegue de fibra óptica nacional. La acción judicial acusa conductas irregulares posteriores a la adjudicación de contratos que han dejado a estas empresas impagas y al borde de la quiebra. La querella apunta también a la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por la supuesta negligencia en la supervisión y ejecución de las garantías, con plazos prorrogados sin justificación y proyectos inconclusos.

Desde Subtel, se defendieron afirmando que "se procedió a autorizar plazos adicionales con motivo de hechos sobrevivientes, debidamente acreditados" y que ya cobraron una boleta de garantía por incumplimiento. Sin embargo, la tensión entre Pymes, grandes empresas y el regulador sigue siendo un foco de preocupación.

Pymes electorales: la política también las mira

En la arena política, la proliferación de candidaturas presidenciales independientes ha generado un debate sobre las llamadas "Pymes electorales". Más de 200 personas se inscribieron para competir en las elecciones presidenciales de noviembre, muchas con el objetivo de acceder a reembolsos fiscales por votos obtenidos, sin una representación significativa.Esto llevó a la presentación de un proyecto de ley que busca limitar los reembolsos fiscales solo a candidatos que obtengan al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en su territorio.

La diputada Camila Musante afirmó que "sin representatividad no puede haber devolución" y que este proyecto significa "el fin del negocio presidencial". Por su parte, el diputado Jaime Araya calificó la situación como una "verdadera chacota" que afecta la seriedad de la democracia chilena.

Verdades y consecuencias

Este complejo panorama revela varias verdades incómodas. Primero, que las Pymes siguen siendo el motor laboral del país, pero su fragilidad financiera y la morosidad estructural las ponen en jaque. Segundo, que la relación entre grandes empresas, el Estado y las Pymes no está exenta de conflictos y cuestionamientos legales que reflejan problemas sistémicos en la gestión y fiscalización.

Finalmente, la política electoral chilena ha descubierto un fenómeno donde las Pymes, en su acepción figurada como pequeñas candidaturas, pueden distorsionar el sistema de financiamiento público, lo que obliga a repensar las reglas del juego para preservar la seriedad y legitimidad del proceso democrático.

En suma, 2025 ha sido un año decisivo para las Pymes, no por un salto cualitativo en su desarrollo, sino porque ha puesto en evidencia las grietas que amenazan su sostenibilidad y el impacto que estos problemas tienen en la economía y la política chilenas. La agenda para 2026 deberá incluir medidas que garanticen pagos oportunos, mayor protección legal, y un marco electoral que evite el uso oportunista de recursos públicos, para que las Pymes puedan cumplir su rol fundamental sin estar al borde del colapso.

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Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), CobranzaOnline.com, declaraciones públicas de diputados Camila Musante y Jaime Araya, Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).