El fin de Punta Peuco: un quiebre en la memoria y la justicia chilena

Punta Peuco deja de ser un recinto especial para convertirse en cárcel común. El 10 de noviembre de 2025, el gobierno de Gabriel Boric oficializó el cambio de estatus de Punta Peuco, el penal creado en 1995 para albergar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este anuncio, esperado desde hace meses, marca un punto de inflexión en la relación entre justicia, memoria y política en Chile.

Un penal nacido en la tensión

Punta Peuco fue inaugurado bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la misión explícita de ofrecer condiciones diferenciadas a militares condenados, como el brigadier Pedro Espinoza y el general Manuel Contreras. Su creación generó desde entonces controversia: mientras algunos sectores de la Concertación buscaron equilibrar la transición y evitar la fractura institucional, otros denunciaron un trato privilegiado que profundizaba la impunidad.

Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas en ese entonces, se opuso a firmar el decreto que autorizaba el penal, llegando incluso a ofrecer su renuncia ante la polémica. Esta fractura temprana prefiguró los debates que hoy resuenan con fuerza.

La política en el centro del ring

El reciente debate parlamentario, protagonizado por figuras como Tomás Lagomarsino (Partido Radical), Francisca Bello (Frente Amplio) y Maximiliano Murath (Partido Nacional Liberal), exhibió las profundas divisiones que persisten en torno a Punta Peuco.

Lagomarsino y Bello defendieron el cierre del penal especial como un acto de justicia y reparación histórica, enfatizando la necesidad de tratar a los condenados como cualquier otro reo. Por su parte, Murath alertó sobre los riesgos de desestabilizar las instituciones militares y judiciales, señalando que la medida podría generar una fractura social y política.

“No se trata solo de un penal, sino de un símbolo que para algunos representa el orden y la disciplina, para otros, la negación de la justicia plena”, dijo Murath durante el debate.

Voces desde la sociedad civil y las regiones

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional Chile y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, celebraron la medida como un paso necesario para la justicia y la memoria.

“Este cambio es una señal clara de que la justicia no puede tener doble estándar, y que las víctimas merecen reconocimiento y reparación”, afirmó una vocera de la Agrupación.

Sin embargo, en regiones con fuerte presencia militar, la medida ha sido recibida con recelo, evocando temores sobre la estabilidad y el respeto a las fuerzas armadas.

Consecuencias y certezas

La transformación de Punta Peuco implica no solo un cambio administrativo, sino un reordenamiento simbólico de cómo Chile enfrenta su pasado reciente.

Al convertirlo en cárcel común, el Estado chileno envía un mensaje inequívoco: nadie está por encima de la ley, y los privilegios basados en la jerarquía militar serán erradicados.

No obstante, esta decisión reabre heridas latentes y obliga a la sociedad a confrontar las tensiones entre memoria, justicia y reconciliación. La disputa política anticipa que este tema seguirá siendo un campo de batalla donde se juegan las narrativas del pasado y las proyecciones del futuro.

En definitiva, el cierre de Punta Peuco como penal especial es un acto cargado de simbolismo y consecuencias, que invita a un debate profundo y necesario sobre cómo Chile quiere recordar y juzgar su historia.

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Fuentes: La Tercera (3 y 10 de noviembre de 2025), declaraciones parlamentarias, organizaciones de derechos humanos.