Corte de Apelaciones define competencias y avanza en casos emblemáticos de corrupción: El pulso judicial que sacude a la política chilena

En las últimas semanas, la Corte de Apelaciones ha sido escenario de decisiones que no solo definen competencias judiciales, sino que también marcan un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en Chile. El 6 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta se declaró incompetente para tramitar la solicitud de desafuero contra Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, ordenando remitir todos los antecedentes a la Corte de Santiago. Esta decisión se fundamentó en la ya establecida competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para conocer la arista penal del caso ProCultura, donde Orrego es imputado por presuntos delitos de fraude al fisco y otros ilícitos.

Este traslado judicial no solo refleja una cuestión técnica, sino que también pone en relieve la complejidad política y territorial del caso. Para Orrego, este movimiento representa un intento de despegarse de la presión local y retomar espacios políticos, como lo evidencian sus recientes encuentros con figuras históricas de la Democracia Cristiana y parlamentarios de diversas tendencias. Sin embargo, desde la Fiscalía y sectores críticos, el traslado se ve como un paso necesario para asegurar la imparcialidad y la continuidad del proceso.

Al mismo tiempo, la Corte de Apelaciones de Santiago ha avanzado en otro caso emblemático: el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, ex militante de la UDI, aprobado el 16 de octubre tras una serie de aplazamientos. Lavín León enfrenta acusaciones que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias y rendición de boletas ideológicamente falsas, además de un presunto rol de "alcalde en las sombras" durante la gestión municipal de su esposa, Cathy Barriga, quien también está imputada. La resolución judicial abre la puerta para que la Fiscalía solicite medidas cautelares, mientras la defensa anuncia apelaciones que llevarán el caso a la Corte Suprema.

Estos dos procesos judiciales, aunque distintos, comparten un escenario común: la tensión entre la justicia y la política, donde la definición de competencias y la tramitación de causas emblemáticas se convierten en un espectáculo público que polariza opiniones.

Desde una óptica política, sectores de derecha y oposición han utilizado estos casos para cuestionar la transparencia y la ética de sus adversarios, mientras que defensores de los acusados denuncian persecuciones y falencias en las investigaciones. En el caso de Orrego, además, la defensa ha contado con un respaldo inusual de un grupo transversal de alcaldes metropolitanos, que públicamente han expresado su apoyo.

En el plano judicial, expertos consultados destacan que la definición de competencia por parte de la Corte de Antofagasta y su posterior rechazo a recursos de queja presentados por la Fiscalía reflejan un respeto por las normas procesales y buscan evitar la fragmentación de causas que podría entorpecer la investigación.

Finalmente, estas decisiones dejan en evidencia algunas verdades incontrovertibles: la justicia chilena enfrenta un desafío mayúsculo para procesar casos de corrupción que involucran a altos cargos políticos sin caer en la politización del proceso; y el sistema judicial debe equilibrar la celeridad con la rigurosidad y la transparencia para mantener la confianza ciudadana.

Las consecuencias visibles ya se manifiestan en la agenda política nacional, donde estas investigaciones y sus desenlaces condicionan alianzas, candidaturas y la percepción pública sobre la clase política. El espectáculo judicial, lejos de ser un mero trámite, se convierte en un coliseo donde se juegan no solo las carreras de los involucrados, sino también la credibilidad del sistema democrático chileno.