Formalización de Vivanco y su pareja por corrupción: la caída de la justicia en el caso Muñeca Bielorrusa
El escándalo que sacudió la Corte Suprema hace meses llega ahora a un punto crucial: la formalización judicial de la exministra Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y dos abogados más, Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de corrupción en el caso conocido como "Muñeca Bielorrusa".
El 7 de noviembre de 2025, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se formalizó a los imputados por delitos que incluyen tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho. La investigación, liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se basa en una compleja red de pagos y maniobras para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en su litigio contra Codelco.
El entramado de sobornos y fallos judiciales
La fiscalía sostiene que Vivanco, en calidad de ministra de la Corte Suprema, falló en varias instancias a favor del CBM, lo que le significó a Codelco desembolsar más de $17.000 millones. A cambio, su pareja habría recibido al menos $57 millones provenientes del consorcio, distribuidos en dos pagos principales: uno por US$14.000 y otro por $45 millones.
Estas sumas no llegaron directamente, sino que fueron blanqueadas a través de una casa de cambios y dos conservadores de bienes raíces, Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes facilitaron la triangulación financiera para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según la fiscal regional Wittwer, "la estrategia de lavado requirió que los conservadores recibieran el dinero en efectivo y luego lo transfirieran a Migueles, quien mantenía vínculos laborales con ambos".
Perspectivas encontradas: entre la indignación y la defensa
El caso ha generado una división profunda en la opinión pública y política. Desde sectores críticos, se denuncia una crisis ética y de credibilidad en la justicia chilena, donde decisiones que deberían ser imparciales se habrían vendido al mejor postor.
Por otro lado, la defensa de Vivanco insiste en la ausencia de pruebas directas que involucren a la exministra en los hechos y destaca que ella y su pareja mantienen economías separadas. Vivanco declaró: "No tuve conocimiento de ninguno de los pagos y no participé en ninguna transacción relacionada con la causa".
Además, la exjueza ha cuestionado la falta de acceso a la carpeta investigativa, que se mantuvo bajo reserva durante meses, y ha evitado participar en actos que considera un "show mediático".
El desplome de la confianza y las consecuencias visibles
Este caso no solo pone en jaque a un grupo de personas, sino que también refleja un desgaste institucional profundo. La Corte Suprema, en su imagen pública, enfrenta una crisis que podría tardar años en superar.
Las investigaciones han evidenciado cómo la cercanía personal y las redes de poder pueden corromper decisiones judiciales, afectando no solo a las partes involucradas sino al país entero.
En el plano judicial, la formalización marca el inicio de un proceso que podría derivar en condenas ejemplares, pero también en reformas para evitar que este tipo de casos se repitan.
En la sociedad, la historia alimenta la desconfianza y el desencanto, pero también abre la oportunidad para un debate profundo sobre la transparencia, la ética y el control de los poderes del Estado.
Constataciones finales
- Los hechos probados hasta ahora indican que hubo un sistema de sobornos y lavado de activos que involucró a una exministra de la Corte Suprema y su entorno cercano.
- La complejidad del caso revela la sofisticación con que operan redes de corrupción, que no solo buscan beneficios económicos, sino también manipulación de la justicia.
- La polarización en torno a Vivanco y su defensa muestra cómo la falta de transparencia y acceso a la información puede alimentar disonancias cognitivas en la ciudadanía.
Este episodio es una tragedia para la justicia chilena y un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de control y ética en todos los poderes del Estado.
Solo con una mirada crítica y plural, que reconozca las contradicciones y las múltiples voces, será posible avanzar hacia una justicia más justa y creíble.