Diputado Ojeda y el laberinto judicial: entre la prisión preventiva y la apelación en la Corte Suprema
El regreso a prisión del diputado Mauricio Ojeda ha destapado una compleja trama judicial que pone en evidencia no solo la fragilidad de las medidas cautelares en casos de corrupción, sino también la tensión entre las instancias judiciales y la defensa del legislador.
El 10 de noviembre de 2025, la defensa del diputado presentó ante la Corte Suprema un recurso de apelación tras la revocación abrupta del arresto domiciliario total que cumplía, ordenando su ingreso a prisión preventiva. Esta medida fue dictada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que se basó exclusivamente en los antecedentes aportados por el Ministerio Público y los querellantes, dejando de lado los argumentos de la defensa.
Según el documento presentado, "la Corte no se hace cargo de las proposiciones realizadas por la defensa, a pesar de que eran contrapuestas a la de la Fiscalía y querellante" y "se conforma con la mera opción por una de las propuestas, sin hacer referencia a porqué se descarta o rechaza la contraria". Este punto es crucial, pues la Corte Suprema ha señalado en casos previos que la falta de fundamentación suficiente en resoluciones que privan de libertad puede constituir una ilegalidad y arbitrariedad.
El diputado está sindicado por el Ministerio Público como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y uno frustrado, ligados a una presunta trama de corrupción en convenios por más de 700 millones de pesos entre el Gobierno Regional de La Araucanía y fundaciones. La gravedad de los hechos y la etapa procesal avanzada han sido esgrimidas por la Fiscalía para justificar la prisión preventiva.
Perspectivas en pugna
Desde la defensa, el recurso de apelación sostiene que existen medidas alternativas al encierro, como el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a víctimas y testigos, que serían suficientes para garantizar la cautela procesal sin afectar derechos fundamentales.
En contraste, el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones enfatizan la necesidad de cautela extrema dada la naturaleza y cuantía del daño al patrimonio público, además de conductas del imputado que podrían entorpecer el proceso.
Voces ciudadanas y el debate político
La situación del diputado Ojeda ha generado opiniones divididas en la opinión pública y en el espectro político. Sectores críticos al oficialismo ven en la prisión preventiva una señal de avance en la lucha contra la corrupción, mientras que simpatizantes del legislador denuncian un uso político del sistema judicial para afectar su carrera y reputación.
Constataciones y consecuencias
Este episodio revela la persistente dificultad del sistema judicial chileno para equilibrar la protección de derechos individuales con la necesidad de asegurar la efectividad de la persecución penal en casos de corrupción política. La ausencia de una fundamentación clara y exhaustiva en decisiones que implican privación de libertad pone en tensión la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana.
El recurso presentado ante la Corte Suprema será clave para definir no solo el destino inmediato del diputado Ojeda, sino también para sentar precedentes sobre la aplicación de medidas cautelares en procesos complejos. En paralelo, la discusión pública sobre la transparencia, la independencia judicial y el uso político de la justicia continuará siendo un escenario de disputa intensa.
En definitiva, este caso es un reflejo del choque entre la urgencia de sancionar la corrupción y la necesidad de respetar las garantías procesales, un dilema que seguirá marcando la agenda política y judicial chilena en los meses venideros.