El impasse en la causa Nabila Rifo: la crisis de credibilidad del SernamEG y la ministra Orellana en el ojo del huracán

El impasse en la causa Nabila Rifo: la crisis de credibilidad del SernamEG y la ministra Orellana en el ojo del huracán
Actualidad
Derechos Humanos
2025-11-11
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- Retraso institucional que impidió la participación de la directora regional del SernamEG en audiencia clave.

- Choque político entre diputados de oposición y el Ministerio de la Mujer por la gestión del caso.

- Dilema institucional: defensa legal, credibilidad pública y revictimización en juego.

Un retraso con consecuencias políticas y sociales

El 17 de octubre de 2025, María Patricia Baeza, directora regional del SernamEG en Aysén, llegó con al menos diez minutos de retraso a la audiencia judicial sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. El hecho impidió que la autoridad ingresara a la sala y participara en la instancia, lo que desató una crisis de confianza y una fuerte reacción política.

Diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Carla Morales, oficiaron a la ministra Antonia Orellana solicitando medidas disciplinarias y la salida de Baeza. Argumentan que la demora refleja una falta de compromiso y diligencia con las víctimas de violencia de género, y que la credibilidad del SernamEG está severamente comprometida.

"Una autoridad que no logra llegar a tiempo a una audiencia de esta relevancia demuestra una preocupante desafección hacia las víctimas que debería representar", señalaron los parlamentarios, advirtiendo que el episodio envía una señal equivocada a las mujeres chilenas.

Perspectivas encontradas: entre la crítica política y la defensa institucional

Desde el SernamEG, la directora nacional Priscilla Carrasco calificó el impasse como un intento de distraer la atención del recurso de amparo interpuesto por el servicio en la causa. "El abogado del SernamEG participó en la audiencia en tiempo y forma, alegando en defensa de la víctima y señalando irregularidades en la notificación", explicó.

La ausencia de notificación efectiva a la víctima ha sido un punto central en la audiencia y en la polémica, con Gendarmería aportando pruebas de que el lugar donde se notificó funciona como un servicio público desde hace años.

En el Congreso, la crítica no se limitó a la demora. La diputada Morales lamentó que mientras el gobierno impulsa proyectos como la legalización del aborto, las mujeres sigan en la indefensión por negligencias como esta. El senador Pedro Araya fue más allá, afirmando que "el Presidente Boric le debe una disculpa pública a Nabila Rifo y una explicación a todo el país" por la libertad condicional otorgada a Ortega.

Contexto y consecuencias: un caso emblemático que expone tensiones profundas

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inserta en una trama compleja donde se enfrentan las expectativas de justicia para víctimas de violencia de género, la capacidad institucional de los servicios públicos, y la politización de casos emblemáticos.

El SernamEG, creado para proteger y representar a las mujeres víctimas, ve cuestionada su eficacia y compromiso en un escenario donde la confianza pública es esencial. La demora en una audiencia clave es interpretada por muchos como un síntoma de problemas estructurales y de gestión.

Por otro lado, la defensa del servicio y la ministra Orellana se apoya en la complejidad jurídica y en la necesidad de respetar procedimientos, enfatizando que la ausencia no significa negligencia.

Verdades y certezas tras el impasse

- La audiencia sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega fue un momento bisagra para la percepción pública del SernamEG y del gobierno en materia de violencia de género.

- El retraso de la directora regional, aunque pueda parecer un error logístico, se convirtió en un símbolo de la tensión entre discurso y acción en la política de género chilena.

- La disputa política refleja diferencias profundas sobre la responsabilidad estatal, la protección efectiva de las víctimas y la credibilidad de las instituciones.

- El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación entre servicios y tribunales para evitar revictimización y garantizar la representación efectiva.

En definitiva, este episodio obliga a mirar más allá del evento puntual para comprender la fragilidad institucional y los desafíos que enfrenta Chile en la lucha contra la violencia de género, donde la confianza y la diligencia no son negociables.

Fuentes: BioBioChile, Cooperativa, declaraciones oficiales del SernamEG y Ministerio de la Mujer, análisis parlamentarios.