Comercio chileno enfrenta crecimiento con sombras de inseguridad y restricciones electorales: un sector en tensión

Un crecimiento que no se celebra en plenitud. El comercio chileno ha mostrado un ritmo ascendente que ya alcanza 17 meses consecutivos de alza, con un aumento interanual del 9,3% en septiembre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este avance se ha sustentado en el aumento de las ventas al por mayor y menor, con especial impulso en el comercio electrónico minorista, que acumula un crecimiento anual superior al 13%. Sin embargo, esta aparente bonanza se ve ensombrecida por una serie de tensiones que atraviesan al sector y que, hasta ahora, no encuentran respuestas claras.

El comercio bajo asedio: inseguridad y costos crecientes

Un 60,4% de los locales comerciales ha sido víctima de robos y delitos durante el primer semestre de 2025, según la reciente encuesta de victimizacif3n realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Esta cifra, que a pesar de una leve baja respecto a estudios anteriores sigue siendo alarmante, refleja una realidad cotidiana de comerciantes desde Santiago hasta regiones como Valparaíso y Viña del Mar, donde la tasa de victimización alcanza el 71,9%.

"Esto significa que el comercio, grande y pequeño, está destinando cada vez más recursos a protegerse, sin que existan políticas públicas que entreguen resultados efectivos ni incentivos que alivien este nuevo costo estructural", señala José Pakomio, presidente de la CNC. Los gastos en seguridad han saltado del 54% al 72% de los comerciantes encuestados, configurando un verdadero 'impuesto permanente' que erosiona la rentabilidad y limita la inversión.

No menos preocupante es la baja tasa de denuncias y la falta de respuesta efectiva: el 58,2% de los afectados no denuncia los delitos y, entre quienes lo hacen, un 78,4% no obtiene resultados positivos. Esta desconfianza en el sistema perpetúa un círculo vicioso de impunidad y vulnerabilidad.

Restricciones electorales: un freno al comercio formal

La tensión se agrava con las limitaciones impuestas al comercio durante las jornadas electorales. En 2025, el sector ha dejado de facturar cerca de US$ 1.200 millones por cierres obligatorios en días feriados vinculados a elecciones. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), denuncia que estas restricciones son 'discriminatorias y no cumplen con el objetivo de aumentar la participación ciudadana'. Argumenta que la evidencia muestra que abrir los locales no afecta la concurrencia a votar y que el voto obligatorio permite ejercer el derecho en tres horas, sin necesidad de cerrar el comercio.

"El cierre obligatorio ha producido efectos adversos como el avance del comercio informal, la pérdida de ingresos tributarios y una disminución de hasta un 45% en las ventas formales", añade la dirigenta, alertando sobre el impacto en la generación de empleo, dado que el comercio es el mayor empleador del país con más de un millón de puestos de trabajo.

La competencia informal y los desafíos regulatorios

En paralelo, el fenómeno de la competencia informal, especialmente de los denominados "malls chinos", ha tensionado aún más el escenario. Un estudio de la CNC reveló que estos locales operan con un grado preocupante de informalidad, con un 61,3% sin patente visible y presencia significativa de productos falsificados o sin certificación, lo que genera un impacto negativo en los comercios formales y riesgos para la salud pública.

Por otro lado, el comercio ambulante sigue siendo un desafío regulatorio. Un proyecto de ley en trámite busca fortalecer las facultades de las municipalidades para fiscalizar y controlar esta actividad, pero la brecha entre la legislación y su aplicación efectiva persiste, según advierten actores gremiales.

Voces contrapuestas y un sector en búsqueda de equilibrio

Mientras el comercio formal demanda mayor seguridad, flexibilidad para operar en días electorales y una fiscalización más rigurosa contra la informalidad, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para responder con eficacia. Algunos actores sociales y expertos plantean que el cierre del comercio en elecciones busca proteger derechos laborales y evitar presiones sobre los trabajadores, aunque el consenso sobre su impacto real es débil.

En tanto, consumidores y pequeños comerciantes sienten la presión de un mercado que crece, pero que también se fragmenta y polariza, entre la formalidad y la informalidad, la seguridad y la vulnerabilidad.

Constataciones finales

El comercio chileno en 2025 exhibe un crecimiento robusto, impulsado por la omnicanalidad y la recuperación económica, pero enfrenta desafíos estructurales que amenazan su sostenibilidad. La inseguridad creciente, con altos niveles de victimización y costos en seguridad, se suma a las restricciones electorales que limitan la operación en momentos clave, afectando ventas y empleo formal.

Además, la competencia informal y la insuficiente fiscalización profundizan la tensión, evidenciando una brecha entre normativa y aplicación efectiva. Las voces gremiales reclaman modernización y flexibilización, mientras que las autoridades deben equilibrar derechos laborales, participación ciudadana y dinamismo económico.

Este escenario invita a un debate profundo y plural sobre el futuro del comercio en Chile, donde no bastan cifras de crecimiento sino una comprensión integral de sus contradicciones y consecuencias visibles. La tragedia de un sector que crece con heridas abiertas es también un llamado a la acción concertada y a la reflexión crítica sobre el modelo de desarrollo económico y social que queremos.

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Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Cámara Nacional de Comercio (CNC), Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Diario Financiero, La Tercera, Cooperativa.cl.