Carabineros implementa pistolas taser en un contexto de creciente violencia: ¿herramienta eficaz o riesgo latente?
En los últimos meses, Carabineros de Chile ha dado un paso decisivo en la modernización de su arsenal con la implementación de pistolas taser, conocidas formalmente como Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT). El protocolo oficial, publicado en noviembre de 2025, detalla un uso restringido y regulado, apuntando a situaciones donde otros métodos menos lesivos resulten insuficientes. Este avance se produce en un escenario social marcado por un aumento visible de la violencia urbana, donde Carabineros ha desplegado operativos masivos para contener una ola de robos y agresiones en la capital.
Un contexto de violencia creciente
El 25 de octubre, un operativo policial en Santiago centro terminó con la detención de 22 delincuentes involucrados en robos violentos que afectaron a pasajeros de buses y locales comerciales. Entre los arrestados se encontraban menores de edad y reincidentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno delictual. La rápida reacción policial, apoyada en parte por recursos entregados días antes por el gobierno —vehículos, drones y equipos de comunicación por un monto superior a 4.800 millones de pesos— evidencia un esfuerzo institucional por reforzar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la tensión no solo ocurre en las calles, sino también dentro de la propia institución. El escándalo por la difusión de un video donde dos carabineros fueron captados durmiendo durante su turno ha generado cuestionamientos sobre la disciplina y el compromiso interno, en medio de una agenda que exige mayor profesionalización y transparencia.
El debate sobre las taser: eficacia, riesgos y derechos humanos
La adquisición y reglamentación de las pistolas taser ha sido un proceso de larga data. Desde agosto de 2025, la Subsecretaría de Seguridad Pública autorizó su compra y uso, inicialmente en casos de violencia intrafamiliar, para luego ampliar su aplicación a situaciones que Carabineros considere técnicamente adecuadas. El protocolo establece criterios claros para su uso: prohibición de disparos a zonas vitales, limitación en número de descargas y obligatoriedad de capacitación y certificación para quienes las porten.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha manifestado públicamente su apoyo a la medida, instando a ampliar el espectro de uso más allá de la violencia intrafamiliar, enfatizando la necesidad de proteger a los funcionarios policiales frente a las agresiones que enfrentan en las calles.
Por otro lado, voces críticas dentro del oficialismo y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el potencial uso excesivo o indebido de estas armas. La diputada Lorena Fries (FA) ha solicitado información detallada sobre protocolos y capacitación, señalando que las taser deben usarse con límites estrictos y nunca para control de orden público masivo.
Amnistía Internacional y el Comité para la Prevención de la Tortura han subrayado la importancia de establecer regulaciones claras y mecanismos de supervisión, especialmente en contextos donde las personas están en situación de vulnerabilidad.
Perspectivas encontradas en el debate público
El escenario se configura como un verdadero coliseo donde convergen distintas fuerzas y narrativas. Para algunos, la taser representa una herramienta necesaria para evitar el uso letal de armas de fuego, ofreciendo una opción intermedia en la escalada del uso de la fuerza.
Para otros, la preocupación radica en la falta de garantías suficientes para evitar abusos y en la posible ampliación indiscriminada de su uso, en un contexto donde la confianza en las instituciones policiales aún está en proceso de reconstrucción.
Asimismo, la reciente política interna de Carabineros para proteger a funcionarios que denuncien corrupción busca fortalecer la transparencia institucional, aunque también refleja una tensión latente en el interior de la policía, donde la disciplina y la jerarquía tradicional conviven con demandas de mayor apertura y rendición de cuentas.
Conclusiones y consecuencias visibles
Los hechos recientes permiten concluir que la implementación de las pistolas taser en Carabineros es un reflejo de la complejidad y urgencia de abordar la violencia en las calles chilenas con nuevas herramientas, pero también con responsabilidad y control.
El despliegue de estas armas no letales podría mejorar la capacidad de respuesta policial y reducir el uso de fuerza letal, pero solo si se acompaña de una capacitación rigurosa, protocolos claros y mecanismos efectivos de supervisión.
Además, la institucionalidad policial debe enfrentar sus propios desafíos internos, desde la disciplina hasta la transparencia, para sostener la legitimidad frente a la ciudadanía.
Finalmente, el debate público y político alrededor de las taser y la seguridad ciudadana debe mantenerse abierto, plural y crítico, para evitar que la urgencia por controlar la violencia derive en prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales o profundizar las desconfianzas sociales.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera, Cooperativa.cl y declaraciones oficiales del Ministerio de Seguridad y autoridades regionales.