Juez Ulloa en la cuerda floja: entre la cultura del pituto y el riesgo de destitución
Antonio Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, se encuentra en el centro de un torbellino que ha puesto a prueba no solo su carrera de 35 años, sino la percepción pública sobre la justicia chilena. Este lunes 10 de noviembre el Senado votó la acusación constitucional en su contra, tras una amplia aprobación en la Cámara de Diputados. La acusación lo señala por un "notable abandono de deberes" al compartir información reservada con el abogado Luis Hermosilla y por intervenir en nombramientos judiciales, prácticas que él mismo admitió forman parte de una cultura judicial arraigada, conocida como el "pituto".
Un proceso con antecedentes y tensiones
El origen de esta crisis se remonta a 2024, cuando se filtraron chats entre Ulloa y Hermosilla que revelaban intercambios de resoluciones judiciales y recomendaciones para nombramientos. Tras un sumario, la Corte Suprema sancionó a Ulloa con dos meses de suspensión y medio sueldo, pero rechazó su remoción por un empate de siete votos contra siete. Esta decisión abrió la puerta a la acusación constitucional como vía para determinar su destino.
"Esta acusación constitucional es una vendetta política", ha declarado Ulloa, negando pertenecer a una red de corrupción, aunque admitiendo "imprudencias" y una práctica de recomendaciones que ha calificado como parte de un problema cultural chileno y latinoamericano.
La mirada del Senado: votos y presiones
Fuentes parlamentarias confirman que la mayoría de los senadores, incluyendo miembros del PS, PC, RN, UDI y Evópoli, se inclinan por aprobar la destitución, a pesar de la incertidumbre generada por las ausencias posibles debido a la campaña electoral. La senadora Loreto Carvajal (PPD) y algunos otros parlamentarios mantienen posturas más cautelosas, señalando la necesidad de fundamentar el voto con rigor.
"Lo que corresponde es que todos los senadores asistamos a votar y demos nuestros argumentos según el mérito de los capítulos", afirmó el senador Tomás de Rementería (PS).
El juez Ulloa frente a la tormenta
En entrevistas previas a la votación, Ulloa ha reconocido que el "pituto" es una práctica común en el Poder Judicial, necesaria para los nombramientos, y que mientras el sistema no cambie, seguirá existiendo. Sin embargo, ha negado haber influido en resoluciones judiciales o haber cometido delitos, diferenciando entre faltas éticas y delitos penales.
"Nunca discutí con Hermosilla resoluciones, solo le mandé información general ya adoptada", ha sostenido, defendiendo su conducta y rechazando presiones para cambiar votos en la Corte Suprema.
La tragedia de un sistema en tensión
Este caso desnuda una tensión profunda: la coexistencia entre un sistema judicial que se precia de independencia y probidad, y una cultura arraigada de recomendaciones y redes de influencia que, aunque admitidas, no han sido suficientemente cuestionadas ni reformadas.
Las consecuencias de la votación no solo afectarán a Ulloa, sino que pondrán en jaque la confianza ciudadana en las instituciones y abrirán un debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el Poder Judicial.
Constataciones finales
- La Corte Suprema sancionó a Ulloa pero no logró removerlo.
- La acusación constitucional busca ahora destituirlo, con un Senado mayoritariamente inclinado a aprobarla.
- Ulloa reconoce la existencia del "pituto" como parte de la cultura judicial, pero niega delitos graves.
- El caso revela un sistema judicial tensionado entre la ética formal y las prácticas informales que persisten.
Este episodio invita a un análisis más profundo sobre cómo las instituciones enfrentan sus propias contradicciones y cómo la ciudadanía puede exigir transparencia y justicia efectiva, más allá de la sanción individual, para evitar que la tragedia de Ulloa se repita en otros pasillos del poder judicial.