Un raro acuerdo en tiempos convulsos
En los últimos meses, Chile ha experimentado un fenómeno poco frecuente: un consenso amplio y transversal en torno a prioridades nacionales fundamentales. Desde el crecimiento económico hasta la superación del Crédito con Aval del Estado (CAE), pasando por la discusión sobre los derechos de los pueblos originarios, múltiples actores políticos, sociales y económicos han convergido en la necesidad de avanzar juntos.
Este consenso no es una simple tregua ni un acuerdo monolítico. Es más bien un escenario de complejas negociaciones y tensiones, donde se entrecruzan diferentes intereses y visiones. Pero, sobre todo, es un reconocimiento pragmático de que las soluciones aisladas o ideológicas ya no bastan para enfrentar los desafíos estructurales del país.
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En el reciente encuentro empresarial Enade 2025, líderes del mundo privado y representantes gubernamentales coincidieron en que Chile vive un momento histórico de acuerdo sobre la importancia del crecimiento económico y la seguridad pública. Holger Paulmann, presidente de Icare, destacó que "hace más de 25 años que no teníamos un nivel de consenso tan alto sobre la importancia del crecimiento". José Guzmán, vicepresidente de Agrosuper, complementó que este acuerdo se ha construido en la práctica, con un diálogo más fluido entre sectores que antes se miraban con recelo.
Sin embargo, las diferencias persisten en el cómo lograr ese crecimiento, especialmente en torno a la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. La mayoría acepta que no se trata de un crecimiento a cualquier costo, sino de uno que integre estándares de responsabilidad ambiental y seguridad ciudadana.
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La educación superior ha sido otro terreno donde el consenso social y político ha comenzado a tomar forma. El proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que busca reemplazar al polémico CAE, avanza con apoyo transversal, aunque con debates abiertos sobre la extensión del copago y la flexibilidad en las trayectorias académicas.
El subsecretario Víctor Orellana afirmó que "hay un consenso social de terminar con el CAE" y confía en la aprobación del FES antes del término del actual gobierno. No obstante, el debate sobre quién debe aportar y en qué medida sigue siendo un punto de fricción, con sectores que rechazan ampliar el copago y otros que demandan mayor responsabilidad fiscal y compromiso familiar.
Este consenso en torno al FES no solo implica un cambio en el financiamiento, sino también una oportunidad para modernizar el sistema, hacerlo más inclusivo y pertinente a las demandas del siglo XXI.
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En materia de derechos indígenas, la Ley Lafkenche ha sido objeto de un consenso inédito que trasciende el espectro político tradicional. Aunque la ley busca proteger territorios ancestrales y promover la justicia histórica, su aplicación ha generado críticas por la falta de límites claros, afectando actividades económicas tradicionales como la pesca y la recolección.
Incluso la candidata del Partido Comunista, Jeanette Jara, ha señalado la necesidad de revisar la proporcionalidad de la ley para evitar abusos. Esto ha generado un consenso en el Senado para avanzar en reformas que equilibren la protección de los derechos indígenas con la viabilidad económica de las comunidades locales.
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No todos los espacios reflejan esta tendencia al consenso. La Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada para abordar el conflicto en la Araucanía, ha enfrentado dificultades para lograr unanimidad en sus informes. El voto disidente del dirigente agrícola Sebastián Naveillán frenó un acuerdo que la mayoría esperaba.
El diputado Jorge Alessandri propuso un "alargue" de 30 días para buscar ese consenso, apelando a la lógica del fútbol. La senadora Paulina Vodanovic denunció presiones indebidas del Partido Republicano para condicionar el voto de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien renunció a esa colectividad por su postura.
Este episodio expone la fragilidad del consenso en territorios marcados por conflictos históricos, intereses contrapuestos y demandas legítimas pero difíciles de compatibilizar.
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Este panorama muestra que el consenso en Chile hoy es menos un acuerdo de fondo y más un pacto estratégico para avanzar en temas urgentes. No significa que desaparezcan las tensiones o que todos compartan una misma visión ideológica, sino que existe un reconocimiento pragmático de la necesidad de diálogo y cooperación.
Como señala el economista Óscar Guillermo Garretón, la llamada "huida del presente" implica que actores políticos y sociales buscan salir de la parálisis y el fracaso acumulados para construir un futuro viable, aunque con apuestas y riesgos.
En este sentido, el consenso es también un mecanismo para reducir la polarización y la fragmentación narrativa que han marcado a Chile en la última década.
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- Chile vive un momento de consenso político y social inédito en décadas en torno a temas clave como crecimiento, educación y derechos indígenas.
- Este consenso se construye en medio de tensiones, negociaciones y resistencias, especialmente en zonas de conflicto como la Araucanía.
- El consenso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para avanzar en soluciones pragmáticas que permitan superar estancamientos históricos.
- La gobernabilidad futura dependerá de la capacidad de mantener estos acuerdos y de gestionar legítimamente las disonancias que persisten.
La historia dirá si este consenso es el preludio de un Chile más estable y próspero o si se trata de un frágil equilibrio que puede romperse ante nuevos desafíos. Por ahora, la sociedad chilena parece haber optado por la ruta del diálogo y la cooperación, conscientes de que la complejidad de los problemas exige más que nunca un esfuerzo colectivo y responsable.