España ordena retirar 53 mil departamentos turísticos: un intento por frenar la crisis habitacional

España enfrenta una crisis habitacional profunda que ha puesto en jaque a las grandes ciudades y zonas costeras, donde la proliferación de departamentos turísticos ha tensionado el mercado de viviendas para residentes. El Ministerio de Vivienda notificó a plataformas como Airbnb que 53.876 departamentos turísticos ilegales deben retirar sus anuncios por no contar con el registro obligatorio desde julio de 2025. Esta medida busca reincorporar estas viviendas al mercado de alquiler residencial tradicional, intentando aliviar la presión sobre una demanda habitacional creciente y sobre los barrios afectados por la masificación turística.

Desde una perspectiva política, la medida es celebrada por sectores que defienden el derecho a la vivienda y denuncian la "turistificación" que expulsa a familias de sus barrios. Desde el Ministerio se destaca la creación de una Ventanilla Única Digital que permite un trabajo conjunto entre registradores, plataformas y autoridades para combatir el fraude y controlar el mercado de alquileres de corta duración. "Queremos preservar la función social de la vivienda y evitar que las ciudades se conviertan en parques temáticos para turistas", afirmó un portavoz oficial.

Por otro lado, la industria turística y algunos propietarios advierten que la regulación puede impactar negativamente en la economía local y en la oferta turística, especialmente en regiones que dependen del turismo para su desarrollo. Airbnb, la plataforma más grande del sector, se comprometió públicamente a respetar la normativa y a retirar los anuncios que no cumplan con los requisitos, pero también ha pedido que otras plataformas se sumen al esfuerzo para evitar competencia desleal y mayor informalidad. "La colaboración es clave para un mercado justo y transparente", declaró un representante de Airbnb.

Desde el punto de vista social, la medida ha generado opiniones divididas entre los residentes afectados y los propietarios de departamentos turísticos. Mientras algunos vecinos celebran la posibilidad de recuperar sus barrios y reducir la gentrificación, otros temen que la reducción de oferta turística pueda impactar en sus ingresos o en la dinamización de sus comunas. En ciudades como Barcelona y Madrid, donde el turismo masivo ha sido un fenómeno de largo plazo, el debate se ha intensificado en torno a cómo equilibrar la economía turística con el derecho a la vivienda digna.

En términos económicos, la medida llega en un contexto de alta inflación y dificultades para acceder a viviendas asequibles, especialmente para jóvenes y familias de bajos ingresos. Expertos señalan que la reincorporación de estos 53 mil departamentos al mercado residencial podría aliviar en parte la demanda, aunque advierten que el problema estructural requiere políticas más amplias y sostenibles en materia de vivienda.

Desde el 1 de julio de 2025, el registro obligatorio para departamentos turísticos se ha convertido en una herramienta clave para identificar y regular la oferta en España. Sin embargo, la revocación de más del 20% de solicitudes refleja la magnitud del incumplimiento y la informalidad del sector.

En conclusión, la orden de retirar los departamentos turísticos ilegales representa un paso significativo en la lucha contra la crisis habitacional en España, pero también abre un escenario de tensiones y desafíos entre las necesidades sociales, la economía turística y la regulación estatal. La colaboración entre plataformas, autoridades y comunidades será fundamental para encontrar un equilibrio sostenible que permita a las ciudades convivir con el turismo sin sacrificar el derecho a la vivienda.

Este episodio pone en evidencia la complejidad de gestionar los efectos del turismo masivo en el siglo XXI, donde la demanda por experiencias y alojamientos se enfrenta a la urgencia de garantizar ciudades habitables y justas para sus residentes.