Uruguay legaliza la eutanasia: un paso histórico que abre el debate en América Latina

Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia a través de un proceso parlamentario completo. El Senado aprobó con 20 votos a favor sobre 31 el proyecto de ley denominado “Muerte digna”, tras un extenso debate que se prolongó por cinco años y que incluyó la participación de más de 60 organizaciones en audiencias públicas. Esta norma permite que personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que sufran una enfermedad incurable en etapa terminal, puedan solicitar la eutanasia para poner fin a un sufrimiento insoportable y a un grave deterioro progresivo de su calidad de vida.

Este avance legislativo marca un hito en la región, donde hasta ahora la eutanasia sólo se había despenalizado mediante fallos judiciales en países como Colombia y Ecuador, sin contar con una ley expresa aprobada por el Congreso. “Hoy Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos. Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que reconoce la libertad de decidir hasta el final, con dignidad y libertad”, celebró la senadora oficialista Constanza Moreira.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de controversias. El senador conservador Javier García cuestionó los conceptos de “muerte digna” y “libertad” usados en el proyecto, señalando que la ley “no ofrece garantías” y que el Estado debería enfocarse en promover la vida antes que facilitar la muerte. Por su parte, el diputado Ope Pasquet, pionero en presentar un proyecto similar en 2020, defendió con énfasis el derecho individual: “El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables y no eutanasiables”.

El debate social y ético que precedió a la aprobación fue intenso y plural. Durante el proceso legislativo se discutieron aspectos filosóficos sobre la autonomía, el sufrimiento y la paradoja de la vida y la muerte, así como preocupaciones sobre posibles abusos o presiones indebidas. La ley incorpora un sistema de garantías que incluye la evaluación médica por dos profesionales independientes, la posibilidad de una junta médica en caso de desacuerdo y una comisión honoraria que supervisará los casos anualmente.

Desde una perspectiva cultural, la aprobación refleja la tradición uruguaya de avanzar en derechos progresistas, como el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y el aborto legal. No obstante, la legislación no ha estado exenta de resistencias, especialmente en sectores conservadores y religiosos que ven en la eutanasia un límite ético infranqueable.

En el plano político, el respaldo mayoritario provino del Frente Amplio y algunos sectores centroderechistas, evidenciando una convergencia inusual en torno a un tema complejo y sensible. Esto contrasta con experiencias en otros países latinoamericanos donde la eutanasia sigue siendo tabú o está restringida a fallos judiciales sin respaldo legislativo.

Para Chile, vecino y país con fuertes vínculos culturales y sociales con Uruguay, la ley uruguaya vuelve a poner sobre la mesa la discusión pendiente sobre la regulación de la muerte digna. El proyecto chileno de “muerte digna” aún espera avanzar en el Congreso, y la experiencia uruguaya podría influir en la agenda política y social local.

En conclusión, la aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay representa un avance sin precedentes en la región, que abre un debate profundo sobre los límites de la autonomía personal, el rol del Estado y la comprensión cultural de la muerte y el sufrimiento. La norma establece un marco riguroso de garantías y controles, pero también enfrenta voces que advierten sobre riesgos éticos y sociales. Este contraste pone en evidencia la complejidad del tema y la necesidad de seguir reflexionando con pluralidad y respeto, más allá de la polarización habitual.

La historia uruguaya de la eutanasia invita a la región a mirar con distancia y profundidad, entendiendo que las transformaciones en derechos fundamentales requieren tiempo, diálogo y la integración de múltiples perspectivas para construir consensos duraderos.