
El 3 de noviembre de 2025, Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, un hecho que sacudió la ya tensa relación bilateral y que se desencadenó por la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Chávez, acusada por las autoridades peruanas de ser coautora del fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022, se refugió en la embajada mexicana en Lima para evitar ser detenida por cargos de rebelión y conspiración.
La crisis no es nueva. Desde el autogolpe de Castillo y su posterior destitución, las relaciones entre ambos países se deterioraron progresivamente. México, bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, se posicionó como un aliado político de Castillo y sus cercanos, cuestionando la legitimidad de la sucesión presidencial y otorgando asilo a varios de sus exfuncionarios.
El presidente interino de Perú, José Jerí, y el canciller Hugo de Zela, calificaron el otorgamiento del asilo como una “injerencia en asuntos internos” y un uso indebido del derecho de asilo, que según ellos ha sido “desnaturalizado para proteger a personas acusadas de delitos comunes y políticos”. De hecho, la Cancillería peruana ha anunciado que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reforma a la Convención de Caracas de 1954 para evitar que se sigan produciendo estas situaciones.
En respuesta, México defendió el asilo como un derecho constitucional y un mecanismo internacionalmente reconocido, argumentando que Chávez y Castillo son víctimas de persecución política y que su protección no puede calificarse como un acto hostil.
El pulso diplomático escaló rápidamente: Perú declaró persona non grata a la encargada de negocios mexicana en Lima, Karla Ornela, y le dio un plazo perentorio para abandonar el país. México calificó la medida como “excesiva y desproporcionada”. Sin embargo, pese a la ruptura diplomática, ambos países mantienen las relaciones consulares para proteger a sus ciudadanos residentes.
Perspectivas políticas y sociales:
- Desde el gobierno peruano, la medida se presenta como un acto de defensa soberana y respeto al estado de derecho, pero también refleja la profunda polarización interna y el legado conflictivo del gobierno de Castillo.
- En México, el apoyo a los exfuncionarios de Castillo es visto como una defensa de derechos humanos y garantías democráticas frente a un Estado peruano que, según ellos, criminaliza la disidencia.
- Para la comunidad internacional, particularmente en América Latina, este episodio es un ejemplo de cómo las tensiones políticas internas pueden escalar y afectar las relaciones bilaterales, poniendo a prueba los mecanismos regionales de diálogo y resolución de conflictos.
Contexto histórico y consecuencias visibles:
La crisis se inscribe en un escenario donde Perú enfrenta una grave crisis de seguridad y política, con un presidente interino que ha decretado estados de emergencia y llamado a las fuerzas armadas a pacificar el país ante el aumento de la violencia y el crimen organizado. La polarización política y la judicialización de la política han erosionado la confianza en las instituciones.
Por su parte, México mantiene una tradición de otorgar asilo a perseguidos políticos, pero la reinterpretación de este derecho en casos como el de Betssy Chávez ha generado controversias y tensiones diplomáticas.
La suspensión del salvoconducto para que Chávez pueda salir del país mantiene a la exministra refugiada en la embajada mexicana, en una situación de limbo diplomático que prolonga la crisis.
Conclusiones:
La ruptura diplomática entre Perú y México es un síntoma de conflictos políticos internos que trascienden fronteras y desafían la arquitectura regional de cooperación. El caso evidencia la complejidad del derecho de asilo en contextos de polarización política y judicialización. La iniciativa peruana de reformar la Convención de Caracas apunta a un debate más amplio sobre los límites y usos del asilo político en América Latina.
Mientras tanto, la situación de Betssy Chávez permanece como un símbolo de la confrontación entre dos visiones sobre justicia, soberanía y derechos políticos, con consecuencias que podrían prolongarse hasta las elecciones presidenciales de 2026 en Perú y que influirán en la dinámica diplomática regional.
El lector queda ante un escenario donde la tragedia política se despliega en un juego de poder entre naciones, con protagonistas que luchan por preservar su legado y sobrevivir a la tormenta, mientras la ciudadanía observa, expectante y dividida.
Fuentes: El País México, Cooperativa.cl, BioBioChile, BBC News Mundo, declaraciones oficiales de Cancillerías de Perú y México, análisis de expertos en derecho internacional y relaciones internacionales.