Alcaldes oficialistas exigen al gobierno abordar la inseguridad: La crisis que revela la ausencia del Estado en barrios vulnerables

Un grito desde los márgenes. Tres alcaldes oficialistas —Mauro Tamayo (Cerro Navia), Paulina Bobadilla (Quilicura) y Joel Olmos (La Cisterna)— pusieron sobre la mesa una realidad que hasta ahora se había intentado minimizar: la inseguridad que golpea con fuerza a sus comunas, reflejo de un Estado ausente y de una desigualdad estructural que se traduce en violencia y miedo para miles de familias.

El 10 de noviembre de 2025, estos jefes comunales entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, exigiendo medidas concretas y urgentes para frenar la crisis de seguridad que afecta sus territorios. En ella, describen una situación que supera los límites del orden público: "barrios tomados por una guerra entre bandas narcotraficantes con alto poder de fuego, ráfagas de armas automáticas y fuegos artificiales de gran potencia", con consecuencias tan graves como la suspensión de clases en la Escuela Paulo Freire de Cerro Navia.

“Hoy no pedimos privilegios, sino el derecho básico a vivir sin miedo. Nuestras comunas no pueden seguir siendo el reflejo más crudo de una desigualdad estructural, donde la ausencia del Estado se traduce en impunidad y muerte”, afirmó Joel Olmos, reflejando la desesperanza que se vive en estos sectores.

Demandas claras, desafíos profundos. Los alcaldes solicitaron un plan de recuperación barrial y fortalecimiento comunitario, presencia policial permanente y justicia territorial en la distribución de la fuerza policial, además de una coordinación efectiva de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales. Mauro Tamayo fue enfático: “Independiente del tiempo que le quede al Gobierno, no puede eludir la seguridad que nuestros vecinos merecen”.

Esta petición se enmarca en un contexto donde la seguridad pública ha sido foco de críticas y preocupación creciente, especialmente en comunas populares que históricamente han sufrido abandono estatal y desigualdad social. La carta no solo es un llamado a la acción, sino también un reflejo de la tensión entre actores locales y el Ejecutivo central, que hasta ahora no ha logrado dar una respuesta satisfactoria.

Perspectivas encontradas, pero un problema común. Desde el gobierno, se reconoce la complejidad del fenómeno y la necesidad de actuar, aunque las respuestas han sido consideradas insuficientes por los alcaldes y la ciudadanía afectada. Mientras algunos sectores políticos apuntan a la falta de recursos y coordinación, otros enfatizan la urgencia de políticas públicas integrales que aborden las raíces sociales y económicas de la violencia.

En la sociedad civil, la voz de los vecinos y organizaciones comunitarias coincide con el diagnóstico de los alcaldes: la inseguridad es la manifestación visible de un Estado que no ha estado presente de forma efectiva en sus territorios. La sensación de abandono alimenta la desconfianza hacia las instituciones y la proliferación de grupos armados.

Conclusiones y consecuencias. Este episodio evidencia que la inseguridad en Chile no es un problema aislado ni pasajero, sino una crisis estructural que requiere una intervención decidida y coordinada entre todos los niveles del Estado. La demanda de los alcaldes oficialistas pone en jaque al gobierno y plantea un desafío urgente: cómo garantizar la seguridad y el derecho a vivir sin miedo en comunas vulnerables, sin caer en soluciones represivas que ignoren las causas profundas.

La carta y la presión de los alcaldes oficialistas han abierto un debate público más amplio sobre la seguridad ciudadana, la distribución territorial de recursos policiales y la necesidad de políticas sociales integrales. En definitiva, la historia que estos líderes comunales han puesto en escena es la de un país que debe enfrentar de una vez por todas la desigualdad y la exclusión que alimentan la violencia urbana.

Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, Emol.