Joven con parálisis cerebral vuelve a ser designada vocal de mesa: ¿fallas del sistema o insensibilidad institucional?

El escenario electoral chileno volvió a poner sobre la mesa una polémica que trasciende la logística del voto y se adentra en las grietas de la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Una joven de 30 años, diagnosticada con parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia, fue designada nuevamente como vocal de mesa en Tomé, Región del Biobío, para las elecciones de noviembre de 2025. Este hecho, por sí solo, podría pasar inadvertido si no fuera porque en la elección anterior la familia de la mujer presentó certificados médicos que acreditaban su imposibilidad para cumplir con el cargo, excusa que fue rechazada y terminó multándola con 3 UTM (unos 208 mil pesos). Pese a estas circunstancias, el Servicio Electoral (Servel) la volvió a nombrar para desempeñar esta función.

La normativa electoral chilena, en su artículo 44 de la Ley 18.700, contempla la imposibilidad física o mental como causal válida para excusarse del deber electoral, siempre que se acredite mediante certificado médico. Sin embargo, el caso de esta joven desnuda una tensión entre la letra de la ley y su aplicación práctica.

Desde el punto de vista institucional, el Servel ha argumentado que los procesos de designación son automáticos y basados en registros civiles, lo que dificulta la individualización de casos excepcionales. No obstante, la familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado una falta de sensibilidad y un sistema que no contempla adecuadamente las realidades de las personas con discapacidad.

“Es una doble vulneración, primero al asignarle un deber que no puede cumplir, y luego al sancionarla por ello. Esto refleja una falla estructural que no respeta los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, señala Cecilia Villouta, madre de la joven.

En respuesta, el exsenador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, buscando revertir la multa y evitar que la joven vuelva a ser designada. El proceso judicial ha abierto un debate público que reúne diversas voces.

Desde el espectro político, las posturas están divididas. Algunos sectores de izquierda y organizaciones sociales enfatizan la necesidad de reformar el sistema electoral para incorporar mecanismos efectivos de exclusión justa y respetuosa para quienes no pueden cumplir con sus deberes electorales por razones de salud. En contraste, voces más conservadoras alertan sobre el riesgo de que estas excepciones se utilicen para evadir responsabilidades cívicas, abogando por un control más riguroso y sanciones estrictas.

En el plano regional, la comunidad de Tomé se ha mostrado sorprendida y preocupada. Líderes locales han llamado a una revisión urgente de los procesos de designación y a una mayor coordinación con los servicios de salud y registros sociales para evitar situaciones similares.

Para la sociedad civil, el caso representa una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión real en Chile. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, exige la eliminación de barreras y la garantía de participación plena y efectiva en todos los ámbitos, incluyendo el electoral.

A diez días de las elecciones, el recurso legal sigue en trámite y la joven permanece en la lista de vocales de mesa, lo que genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para adaptarse a la diversidad humana.

Conclusiones y consecuencias:

Este caso pone en evidencia una tensión entre la burocracia electoral y los derechos humanos, revelando que las leyes y reglamentos pueden quedar obsoletos frente a realidades complejas. La sanción a una persona con discapacidad severa, pese a la certificación médica, no solo es una falla administrativa, sino un síntoma de la falta de empatía y adaptación institucional.

Además, la falta de mecanismos flexibles y humanos para la designación de vocales de mesa abre una puerta a la exclusión y la vulneración de derechos, afectando la confianza ciudadana en el sistema electoral y en las instituciones públicas.

Finalmente, la discusión judicial y pública que ha desatado este caso podría ser un punto de inflexión para impulsar reformas que garanticen una participación electoral más inclusiva y respetuosa, donde la diversidad y las capacidades de las personas sean consideradas con justicia y humanidad.

Fuentes:

- Radio Biobío

- Cooperativa.cl

- Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios

- Declaraciones de Cecilia Villouta y exsenador Alejandro Navarro

- Documentos del Registro Nacional de la Discapacidad

Este episodio invita a mirar más allá del acto electoral inmediato y a cuestionar cómo las instituciones públicas enfrentan la complejidad social, especialmente en materia de derechos y dignidad humana.