Montes y la megatoma de San Antonio: un ciclo de promesas, dilaciones y tensiones políticas

En el epicentro de una crisis habitacional que se extiende desde 2024, la megatoma de San Antonio se ha transformado en un escenario donde convergen la tragedia social, la tensión política y la incertidumbre judicial. Desde hace más de un año, cerca de 12 mil personas viven en terrenos usurpados, con calles abiertas y parcelas vendidas o asignadas irregularmente, según reportes oficiales y testimonios recogidos. La respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes, ha sido cuestionada por la oposición y sectores sociales, que denuncian incumplimientos y una estrategia dilatoria que posterga indefinidamente la solución.

En septiembre de 2025, tras meses de reuniones infructuosas, los propietarios del terreno rompieron la mesa de diálogo y exigieron el pago de cerca de 70 millones de dólares o el desalojo, amparados en un fallo judicial que ordena la evacuación de los ocupantes. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido evasiva. El ministro Montes recurrió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien declaró inviable el desalojo por falta de capacidad policial, dejando la resolución para "más adelante", es decir, fuera del actual mandato.

Este contexto ha generado un choque frontal entre el gobierno y la oposición. En octubre, el diputado DC Eric Aedo, parte del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara, cuestionó duramente a Montes por acusaciones infundadas sobre integrantes del comando vinculados a la toma, pidiendo una disculpa pública. Montes optó por cerrar el debate, priorizando el diálogo, pero la UDI llevó el caso a Contraloría para investigar posibles inacciones del Ejecutivo.

Paralelamente, la UDI condicionó la tramitación del Presupuesto 2026 a la salida del ministro Montes, denunciando irregularidades en la gestión de Vivienda, deudas en el Serviu Metropolitano y falta de recursos para cumplir compromisos con las familias vulnerables. Este escenario tensiona aún más el debate político y la capacidad de respuesta estatal.

Desde la sociedad civil, expertos y arquitectos han denunciado la estrategia de "bicicleta financiera" del Minvu: recursos frescos que se destinan a pagar deudas antiguas, dejando vacía la caja y postergando soluciones efectivas. El caso de la megatoma de San Antonio es emblemático: la falta de fondos y voluntad política ha derivado en una crisis que afecta a miles de familias en condición de extrema vulnerabilidad y amenaza con un desalojo masivo sin garantías.

Los actores se encuentran en un callejón sin salida, donde la política y la justicia se enfrentan a la urgencia social. El ministro Montes, con un historial de polémicas por su gestión en vivienda y reconstrucción tras incendios, enfrenta un desgaste creciente. La oposición, por su parte, utiliza la crisis como punta de lanza para cuestionar la gobernabilidad y la capacidad del gobierno de Gabriel Boric.

“Es reflejo de la personalidad mía. Vi un campo medio abandonado, desolado, un desierto que quería florecer... Pero la realidad es que no hemos logrado resolver este problema estructural”, reconoció Montes en una entrevista reciente, aunque sin ofrecer soluciones concretas para San Antonio.

El futuro inmediato parece incierto. La megatoma sigue siendo un polvorín social, con familias atrapadas entre la ilegalidad y la necesidad, mientras el Estado dilata una solución que requiere no solo recursos, sino también voluntad política y diálogo sincero. La pregunta que queda es si el próximo gobierno heredará este problema o si, finalmente, se romperá el ciclo de promesas incumplidas y dilaciones que ha marcado la gestión de Montes.

Este episodio pone en evidencia las tensiones profundas entre la política, la justicia y la realidad social chilena, donde las respuestas a crisis habitacionales se convierten en un reflejo de las fracturas y desafíos del país en su conjunto.