
Un octubre y noviembre marcados por incendios que no sólo consumieron estructuras, sino que también pusieron en evidencia tensiones sociales, fragilidades institucionales y desafíos ambientales. Desde la Región Metropolitana hasta Coquimbo, y más allá de nuestras fronteras, la cadena de siniestros ha dejado una estela de preguntas y aprendizajes que merecen una mirada pausada y crítica.
El 9 de octubre, un incendio afectó viviendas en el Campamento Dignidad de La Florida durante una jornada de desalojo. La emergencia movilizó a 10 compañías de Bomberos y contó con apoyo policial para contener el fuego en viviendas de material ligero, muchas desocupadas. Este evento, en un contexto de conflicto social y precariedad habitacional, puso en evidencia la vulnerabilidad de sectores populares frente a la violencia estructural.
El 24 de octubre, un incendio de grandes proporciones afectó una mueblería y un servicentro en Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, generando interrupciones viales y daños materiales significativos. Se presume que el origen fue una chispa en la zona de pinturas, en un espacio con alta concentración de materiales inflamables.
Pocos días después, el 2 de noviembre, otro incendio impactó una fábrica de muebles en Quinta Normal, con un 90% de la estructura comprometida. Vecinos denunciaron que el lugar era usado para fiestas, lo que abre interrogantes sobre la seguridad y regulación en espacios industriales y residenciales.
En paralelo, en la Región de Coquimbo, el 5 de octubre un incendio forestal en Monte Patria arrasó al menos tres casas y provocó la evacuación de unas 200 personas. Las autoridades alertaron sobre la extensión de la temporada de incendios, que ya no se limita a los meses tradicionales de verano.
En el plano internacional, un incendio devastador en Lima, Perú, el 11 de octubre consumió más de 100 viviendas y dejó a 300 personas damnificadas. La presencia de una fábrica clandestina de pirotécnicos y la precariedad de las viviendas complicaron la emergencia, que se extendió por horas y evidenció la persistente problemática de asentamientos informales en la región.
Desde el mundo político, las reacciones han sido diversas y reflejan tensiones sobre la gestión de emergencias y políticas preventivas. Por un lado, autoridades locales y nacionales han destacado la labor de Bomberos y equipos de emergencia, subrayando la necesidad de fortalecer recursos y coordinación. “Estos incendios no se dan sólo en verano. Estamos viendo siniestros desde septiembre hasta mayo, por lo que se requiere una mirada distinta para prevenir y reaccionar mejor”, declaró el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera Peña.
Sin embargo, sectores sociales y organizaciones vecinales han criticado la falta de políticas estructurales que aborden las causas profundas, como la precariedad habitacional, la falta de acceso a servicios básicos y la regulación de espacios industriales y comerciales. En La Florida, la conflagración en el Campamento Dignidad se inscribe en un contexto de desalojo forzado y vulnerabilidad social, donde la emergencia no puede entenderse sin considerar el conflicto político y social subyacente.
Desde la mirada ambiental, expertos advierten que la extensión de la temporada de incendios y la recurrencia de siniestros en zonas urbanas y rurales reflejan cambios climáticos y la necesidad urgente de políticas integrales que incluyan prevención, educación y manejo territorial.
La multiplicidad de incendios en diferentes contextos —urbanos, industriales, forestales y sociales— revela que no estamos frente a incidentes aislados, sino a un fenómeno complejo que cruza dimensiones sociales, ambientales y políticas.
La respuesta institucional, aunque en muchos casos efectiva en la emergencia inmediata, enfrenta limitaciones en prevención y gestión integral. La insuficiencia de infraestructura, problemas de acceso al agua, y la falta de planificación urbana y territorial adecuada, son factores recurrentes que agravan la situación.
Además, la dimensión social es ineludible: los incendios en campamentos y barrios populares no sólo destruyen viviendas, sino que afectan la dignidad y seguridad de comunidades históricamente marginadas. La ausencia de soluciones habitacionales y políticas de inclusión territorial se manifiesta en tragedias que podrían evitarse o mitigarse.
En definitiva, la lección que dejan estos incendios es que la gestión del fuego en Chile y la región debe trascender el combate inmediato para incorporar una mirada holística y preventiva. Ello requiere diálogo entre autoridades, comunidades, expertos y sociedad civil, con una agenda que integre justicia social, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional.
Este análisis invita a mirar más allá de las llamas y entender que, en cada incendio, arde también un entramado de desafíos que el país debe enfrentar con urgencia y profundidad.