El Monumental, dos meses después: Las heridas abiertas de una tragedia que desnuda la crisis del fútbol y el actuar policial

El eco de una noche trágica

Han pasado más de dos meses desde la noche del 10 de abril, pero el eco de las sirenas y la incredulidad aún resuenan en los alrededores del Estadio Monumental. Lo que debía ser una fiesta deportiva, el encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, se transformó en una de las jornadas más oscuras del fútbol chileno reciente. Hoy, con la inmediatez de la noticia ya decantada, emerge un panorama complejo que trasciende la crónica roja y deportiva para instalarse como un caso de estudio sobre la seguridad pública, la responsabilidad institucional y la confianza en las versiones oficiales.

La tragedia, que costó la vida de la joven de 18 años Martina Riquelme y del niño de 12 años Mylán Liempi, no terminó con la suspensión del partido ni con las condenas internacionales, como la del propio presidente de la FIFA. Por el contrario, ese fue el punto de partida de un intrincado proceso judicial y un debate público que ha ido mutando a medida que nueva información sale a la luz, desplazando el foco desde la violencia de las 'barras bravas' hacia el actuar de Carabineros.

La evolución de la verdad: de la valla a la investigación por atropello

En las primeras horas, la narrativa era una: una 'avalancha' de hinchas intentando ingresar a la fuerza había provocado el colapso de una valla de seguridad, aplastando fatalmente a las dos víctimas. Esta fue la versión que circuló en las comunicaciones internas de Carabineros y que fue recogida inicialmente por las autoridades. Sin embargo, esta explicación comenzó a desmoronarse rápidamente.

Testimonios de testigos presenciales, incluyendo guardias de seguridad y amigos de las víctimas, ofrecieron un relato discordante y estremecedor. Afirmaban que no fue una valla la que cayó sobre los jóvenes, sino que estos, tras tropezar en medio de la estampida y los gases lacrimógenos, fueron atropellados directamente por un vehículo blindado de Carabineros, conocido popularmente como 'zorrillo'.

El punto de inflexión definitivo llegó el 11 de abril, cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente tomó una decisión crucial: reasignar la investigación, que estaba en manos de la SIAT y el OS9 de Carabineros, a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Este movimiento, inusual y de alto calibre institucional, fue interpretado como una señal de que la hipótesis de la intervención de terceros —en este caso, los propios agentes del Estado— cobraba una fuerza insoslayable. Días después, una investigación periodística de CIPER reveló un informe reservado de Asuntos Internos de Carabineros que contenía declaraciones de testigos, incluida una funcionaria policial, que corroboraban la versión del atropello directo.

Perspectivas en colisión: dos crisis en una

La tragedia del Monumental ha puesto de manifiesto dos crisis que, aunque entrelazadas, demandan análisis distintos.

Por un lado, la crisis de la violencia en el fútbol. La dirigencia de Colo-Colo y la ANFP reaccionaron con medidas punitivas: la identificación de una veintena de hinchas responsables de la posterior invasión a la cancha y la aplicación de querellas y prohibiciones de ingreso a los estadios por un promedio de 12 años. Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Seguridad Pública, buscan aislar a los elementos violentos y enviar una señal de 'tolerancia cero'. Sin embargo, para muchos, esta respuesta se enfoca en el síntoma —el desorden de un grupo— y no en las causas profundas de un fenómeno que el plan Estadio Seguro, vigente por más de una década, no ha logrado erradicar.

Por otro lado, y de forma más gravitante, se instaló la crisis sobre el actuar policial y la rendición de cuentas. La versión inicial de Carabineros, que apuntaba a un accidente provocado por la turba, hoy está severamente cuestionada por la investigación de la PDI. El General Director de la institución, Marcelo Araya, confirmó que se tenía conocimiento previo de los llamados a 'avalancha', lo que plantea interrogantes sobre la planificación del operativo. La revelación de que los funcionarios del vehículo involucrado se acogieron a su derecho a guardar silencio y la falta de registros de cámaras corporales en el momento preciso del incidente, no han hecho más que alimentar las dudas.

Este caso se inserta en un contexto nacional más amplio de debate sobre la reforma a las policías y los protocolos de uso de la fuerza, una discusión sensible y polarizada desde el estallido social de 2019. La muerte de dos personas en un evento masivo, presuntamente a manos de agentes estatales, obliga a una reflexión que va más allá de un partido de fútbol: ¿Cuáles son los límites del control de orden público? ¿Cómo se garantiza la proporcionalidad y se protegen los derechos de los ciudadanos, incluso en medio del caos?

Estado actual: una investigación abierta y preguntas pendientes

A más de 60 días de los hechos, el caso está lejos de cerrarse. La investigación de la PDI sigue su curso para determinar las responsabilidades penales. Los carabineros que tripulaban el vehículo blindado fueron apartados de sus funciones operativas y se encuentran realizando labores administrativas a la espera de los avances judiciales. Colo-Colo, por su parte, ha enfrentado sanciones deportivas, como jugar partidos sin su público, un castigo que impacta económica y anímicamente al club.

La tragedia del Monumental dejó de ser una noticia sobre fútbol. Se ha convertido en un doloroso recordatorio de las fallas sistémicas en la seguridad de eventos masivos y en un caso emblemático que pone a prueba la capacidad del Estado para investigar a sus propias instituciones con transparencia y rigor. Las familias de Martina y Mylán esperan justicia, y la sociedad chilena, respuestas. Las preguntas que quedan abiertas determinarán si esta tragedia se convierte en un catalizador para un cambio real o si, una vez más, pasará a engrosar la lista de heridas sin cicatrizar.