Perú enfrenta una crisis de inseguridad y gobernabilidad: el costo humano y político de un Estado fracturado
Un país en guerra silenciosa
En 2025, Perú ha registrado el asesinato de al menos 180 conductores de transporte público, víctimas directas de mafias que exigen extorsiones diarias y castigan con la muerte el impago. Esta escalada de violencia ha convertido las calles de Lima y otras ciudades en escenarios de terror cotidiano, donde choferes, cobradores y pequeños comerciantes viven bajo la sombra permanente de la amenaza y el asesinato.
"Antes nos robaban el celular o la recaudación del día, ahora es una ruleta rusa: puede que hoy me toque a mí y me disparen", relata Ernesto, conductor limeño, mientras describe un trabajo que ya no disfruta sino que teme.
La extensión de este fenómeno delictivo está estrechamente ligada a la debilidad institucional y a la captura del poder político por redes criminales, un problema que se ha agravado en los últimos años por reformas legales que han debilitado la fiscalización y la capacidad de inteligencia financiera del Estado. La derogación de normativas clave para el control de explosivos y la reducción de penas para ciertos delitos han creado un caldo de cultivo para la impunidad.
Gobernabilidad en entredicho
La crisis de seguridad se entrelaza con una profunda crisis política. Desde la destitución abrupta de Dina Boluarte en octubre de 2025, el país ha transitado bajo la presidencia interina de José Jerí, un político con escasa legitimidad popular y cuestionado por denuncias pasadas. Su gobierno ha sido incapaz de formar un gabinete estable y ha enfrentado masivas protestas juveniles que demandan cambios radicales en la política nacional.
"No hay represión, sino un pequeño grupo que quiere imponer caos", ha declarado Jerí, mientras la calle responde con movilizaciones que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos en el último año.
El Congreso, que destituyó a Boluarte y apoyó a Jerí, está plagado de intereses cruzados y ha aprobado leyes que, según expertos, han facilitado la penetración del crimen organizado en las instituciones. "El Perú está ante una encrucijada: reafirmar su vocación republicana o hundirse en la captura criminal del poder", advierte un análisis crítico.
La juventud como actor central
La llamada Generación Z, que representa más del 25% del electorado peruano, ha tomado las calles con fuerza inédita. Movilizados por la precariedad, la inseguridad y la corrupción, estos jóvenes han roto con los moldes tradicionales de protesta y política, usando símbolos culturales como el anime para expresar su rebeldía y esperanza.
"Somos más conscientes y confrontacionales. No somos los jóvenes de antes, queremos un cambio real", afirma Yackov Solano, uno de los líderes emergentes.
Sin embargo, la fragmentación social y la falta de canales efectivos de diálogo han hecho que estas expresiones de descontento se traduzcan en enfrentamientos violentos y un ambiente de polarización creciente.
Consecuencias y desafíos
El fenómeno de la extorsión y violencia contra trabajadores del transporte y pequeños comerciantes no solo afecta la seguridad, sino que tiene un impacto económico y social profundo: miles de negocios han cerrado y el transporte público está paralizado en varias regiones. Las propuestas de armar a los choferes o permitir seguridad privada son controvertidas y podrían agravar la violencia.
En el plano político, la falta de liderazgo sólido y reformas estructurales ha dejado a Perú en un limbo institucional donde la confianza ciudadana está en mínimos históricos. La crisis de representatividad y la desafección política amenazan con perpetuar el ciclo de inestabilidad.
"La ausencia de buena política solo genera más caos. No se trata de encontrar un salvador, sino de reconstruir las reglas y la confianza para que la política sirva al bien común", concluye un experto en democracia peruana.
Verdades constatadas:
- La violencia contra conductores y comerciantes es un síntoma visible de un problema estructural de crimen organizado y debilidad estatal.
- La crisis política y social está profundamente interconectada con la inseguridad, alimentando un círculo vicioso.
- La juventud peruana emerge como un actor clave, pero sin canales efectivos para influir en el sistema político.
- Sin reformas profundas y un compromiso real con la transparencia y la justicia, Perú enfrenta el riesgo de un deterioro institucional irreversible.
Este escenario obliga a mirar más allá de la coyuntura inmediata y a comprender que la solución pasa por reconstruir un pacto social y político que hoy parece roto, en un país que se debate entre la esperanza y la desesperación.