Conflicto eléctrico en Maule: la crisis de CGE y la presión política por soluciones inmediatas

Una tormenta eléctrica de consecuencias sociales y políticas sacude la Región del Maule. Más de 5.000 usuarios han denunciado cobros excesivos y erráticos en sus cuentas de luz, con boletas que en casos extremos alcanzaron los $1.428.100 en Talca, lo que ha encendido la alarma ciudadana y puesto en jaque a la Compañía General de Electricidad (CGE).

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó a CGE una multa histórica de 85.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de $5.800 millones, por graves irregularidades en la toma de lecturas y la emisión de boletas con consumos estimados sin informar su carácter provisional. La sanción más alta, de 80.000 UTM, se debe a errores en la facturación que afectaron a más de 640 mil clientes entre julio y agosto de 2025, especialmente en O’Higgins y Maule.

Además, la SEC ordenó a CGE realizar una auditoría externa para revisar sus procesos y asegurar la transparencia y confiabilidad de las facturas emitidas. Esta medida busca restablecer la confianza en un servicio esencial, tras meses de reclamos y una crisis que ha puesto en riesgo la estabilidad social de las zonas afectadas.

Voces en pugna: la política en medio del apagón

Desde la oposición, diputados de Renovación Nacional, entre ellos Carla Morales, Paula Labra y Hugo Rey, han oficiado al Ministerio de Energía y a la SEC para solicitar la prohibición de suspender el suministro eléctrico en las regiones de Maule y O’Higgins mientras se investigan las denuncias.“Estos cortes podrían ocurrir en los meses más fríos, cuando la electricidad es la principal fuente de calefacción, lo que es una amenaza directa para la salud y seguridad de miles de familias”, advierten.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, figura política clave en la región y conocido por su activa defensa de los intereses locales, ha intensificado la presión sobre el gobierno para que presente una ley corta que solucione de manera rápida la problemática. En declaraciones recientes, Coloma afirmó:“Si el Ejecutivo nos presenta hoy una propuesta, la despachamos dentro de octubre. Es un imperativo arreglar esto para evitar cobros excesivos que seguirán afectando a los usuarios.”

Sin embargo, desde el gobierno y el Ministerio de Energía se ha señalado que la elaboración y aprobación de una ley corta en este plazo es compleja, aunque la presión política y social crece día a día.

Consecuencias y contexto: más que una falla técnica

Este conflicto no es un episodio aislado sino la cristalización de problemas estructurales en la regulación y supervisión del sector eléctrico. La SEC ha denunciado también la entrega de información incompleta y errónea por parte de CGE, lo que dificultó su fiscalización y compromete la trazabilidad de los cobros.La crisis ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de miles de hogares, y la lentitud de las respuestas institucionales ha generado una creciente fractura entre usuarios, empresa y autoridades.

Desde la perspectiva social, las denuncias reflejan un sentimiento profundo de injusticia y desprotección, en un contexto donde la electricidad es indispensable para calefacción y bienestar en meses de bajas temperaturas.

Por otro lado, la presión política refleja también una lucha por capitalizar la respuesta a la crisis en un año electoral, donde la atención a las demandas ciudadanas puede inclinar la balanza.

Miradas encontradas

- Usuarios y organizaciones sociales demandan soluciones inmediatas y transparencia absoluta, rechazando cualquier corte de suministro mientras persistan las irregularidades.

- CGE, aunque ha reconocido errores y acatado multas, enfrenta el desafío de reparar su imagen y mejorar sus procesos sin perder competitividad.

- El gobierno, atrapado entre la urgencia social y las limitaciones legales, debe equilibrar la rapidez en la respuesta con la necesidad de un marco normativo sólido.

- La oposición política, encabezada por figuras como Coloma, utiliza la crisis para presionar al Ejecutivo y posicionarse como defensores de los consumidores.

Constataciones finales

La crisis de facturación eléctrica en Maule y O’Higgins ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en un conflicto social y político que revela las tensiones entre ciudadanía, empresa y Estado.

La multa récord impuesta a CGE y la orden de auditoría externa confirman la gravedad de las irregularidades detectadas. La solicitud de prohibición de cortes eléctricos en meses críticos y la presión para una ley corta evidencian la urgencia de soluciones que no solo reparen daños, sino que prevengan futuras crisis.

Esta historia muestra que la gestión del servicio eléctrico es un asunto que va más allá de la infraestructura: es un tema de derechos, confianza y gobernabilidad. Su resolución será un termómetro para la capacidad del Estado y el sector privado de responder a las demandas ciudadanas en un Chile que busca estabilidad y justicia social.

Fuentes consultadas incluyen La Tercera, Diario Financiero, BioBioChile y declaraciones oficiales del Senado y la SEC.