
El fin de semana del 2 y 3 de noviembre, Puerto Montt se vio sacudido por un episodio que desnuda las grietas sociales y políticas que atraviesan a la Región de Los Lagos. Una pareja fue asesinada brutalmente en su vivienda del sector La Vara, con heridas de arma blanca y disparos de bala. El presunto autor, un hombre de 56 años y expareja de la mujer, se autoinfirió un disparo al momento de ser detenido por Carabineros, quedando hospitalizado fuera de riesgo vital.
Este crimen, que conmocionó a la comunidad local, no solo revela la persistencia de la violencia intrafamiliar y la inseguridad ciudadana, sino que también ocurre en un contexto electoral que ha elevado la temperatura política de la zona.
En los días previos al doble homicidio, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró su campaña en Puerto Montt con un discurso centrado en la defensa de la industria del salmón y la promesa de mejorar la seguridad. “Podré ser mujer, podré ser ruciecita, pero soy más dura que la cresta”, afirmó ante sus seguidores, enfatizando que no permitirá que se siga “matando en el centro de Puerto Montt” ni que se destruya la economía local.
Este mensaje, que busca conectar con un electorado preocupado por la economía y la seguridad, ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sectores conservadores y empresariales valoran la postura de Matthei como un llamado a la estabilidad y al crecimiento regional. Por otro, figuras de la oposición y organizaciones de derechos humanos critican un discurso que, a su juicio, minimiza la complejidad social y desatiende la memoria histórica.
El debate se profundizó luego de las declaraciones de Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, que calificó como un proceso que para “mucha gente no es búsqueda, es venganza”. Esto fue interpretado por el senador Jaime Quintana (PPD) como un retroceso respecto a gobiernos anteriores, y por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como una afirmación negacionista que deslegitima el reclamo de las víctimas y sus familias.
En contraste, Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos por Chile y cercano a Matthei, defendió que la candidata reconoce las violaciones a los derechos humanos, pero expresa una insatisfacción con el funcionamiento actual de los organismos encargados.
En Puerto Montt, estas tensiones no son solo abstractas. La ciudad, que celebra el retorno de su equipo de fútbol a la Primera B tras años de altibajos, enfrenta desafíos estructurales: déficit habitacional, listas de espera en salud y una sensación creciente de inseguridad que impacta en la vida cotidiana de sus habitantes.
La polarización política y social, evidenciada en la campaña presidencial y en la violencia reciente, pone en jaque la cohesión comunitaria. Mientras unos exigen mano dura y defensa del modelo económico, otros claman por justicia, reparación y políticas que atiendan las raíces de la desigualdad y la violencia.
En definitiva, Puerto Montt se encuentra en una encrucijada que refleja las contradicciones de Chile en 2025: un territorio que busca avanzar entre la urgencia de la seguridad y la necesidad de reparar heridas históricas, mientras la política nacional se disputa el relato y el futuro de la región.
Las consecuencias de estos episodios y discursos aún están por verse, pero una verdad emerge con claridad: la región no puede permitirse el silencio ni la simplificación. La violencia y la política se entrelazan en un escenario donde cada palabra y cada acto tienen peso, y donde la comunidad observa, expectante y exigente, el desenlace de este drama.