En julio de 2025, a más de cuatro años de la desaparición y muerte de Tomás Bravo en Caripilún, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó una sentencia que, lejos de traer clausura, confirmó el fracaso de una de las investigaciones más mediáticas y complejas de la historia reciente de Chile. La absolución unánime de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo del niño y hasta entonces único imputado, no fue una sorpresa para quienes siguieron de cerca las falencias del proceso, pero sí un golpe devastador para la confianza pública en el sistema de justicia. El veredicto no solo liberó a un hombre que clamó su inocencia durante años, sino que dejó en evidencia un cúmulo de irregularidades, contradicciones y una búsqueda de justicia que parece haber perdido el rumbo.
La evolución del caso es un laberinto de pistas falsas y errores procesales. La acusación del Ministerio Público contra Jorge Escobar se centraba en el delito de abandono de menor con resultado de muerte, una figura legal que el tribunal consideró imposible de acreditar. Los jueces fueron categóricos: la fiscalía no presentó pruebas que vincularan directamente una acción de abandono por parte de Escobar con la muerte del niño. Más aún, el fallo criticó duramente la calidad de la investigación, mencionando "una serie de irregularidades que afectaron la calidad de la evidencia", como la falta de resguardo del sitio del suceso y la manipulación del cuerpo antes de la llegada de peritos forenses.
Mientras la tesis principal de la fiscalía se desmoronaba, la defensa, liderada por la Defensoría Penal Pública, logró instalar una "duda razonable" fundamental. A través de peritajes audiovisuales de cámaras de seguridad de una empresa forestal cercana, se planteó la hipótesis de la intervención de terceros, mostrando movimientos sospechosos en la zona y a la hora de la desaparición del menor. Esta perspectiva, acogida por el tribunal, abrió una puerta que la investigación inicial pareció ignorar, enfocada casi exclusivamente en el círculo familiar más cercano.
La complejidad se acentuó semanas antes de la absolución, cuando se hizo público que la Fiscalía de Los Ríos mantenía una investigación paralela en la que la abuela materna y un primo del niño figuraban como imputados. Esta revelación surgió después de que su defensa, al enterarse de que eran objeto de medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas, exigiera que se les otorgaran los derechos procesales correspondientes. Este giro no solo fracturó aún más a la familia, sino que sembró la duda sobre la dirección y coherencia del trabajo del Ministerio Público.
- La Voz del Tribunal: La sentencia es la crítica más dura y formal al proceso. Al absolver a Escobar, los jueces no solo declararon su no culpabilidad en el delito imputado, sino que emitieron un juicio implícito sobre la precariedad de la investigación. Su resolución apunta a una verdad procesal mermada por errores de origen.
- La Fiscalía en Cuestión: La institución ha quedado en una posición de extrema debilidad. Su incapacidad para sostener la acusación principal tras años de trabajo y recursos públicos invertidos genera un profundo cuestionamiento sobre sus métodos y su capacidad para resolver crímenes complejos bajo presión mediática. La existencia de una investigación paralela en otra fiscalía regional sugiere una falta de coordinación o, peor aún, una desconfianza interna.
- La Defensa y el Absuelto: Para Jorge Escobar y su defensa, el fallo es una reivindicación. "Son cuatro años que lo he pasado mal. He sufrido mucho con todo este hostigamiento", declaró Escobar tras el veredicto, acusando a la fiscalía de intentar "transformarlo en otra persona". Su absolución representa el triunfo del principio de inocencia frente a lo que su defensa calificó como una vulneración constante de sus derechos.
- La Familia y la Sociedad: Para la familia Bravo y para todo un país que siguió el caso con angustia, el resultado es desolador. La justicia no ha llegado para Tomás. La absolución, sin un culpable alternativo claro, deja un vacío insoportable. La comunidad de Caripilún, un pequeño sector rural, ha sido marcada por la tragedia, la sospecha y la exposición mediática, sin obtener la paz que solo la verdad puede ofrecer.
El caso de Tomás Bravo no es un hecho aislado, sino el síntoma de problemas estructurales más profundos en el sistema de justicia penal chileno. Evidencia cómo la presión mediática y social puede generar una "visión de túnel" en los investigadores, llevándolos a construir un caso en torno al sospechoso más evidente en lugar de explorar todas las hipótesis con el mismo rigor. Asimismo, expone las dificultades del sistema para llevar a cabo peritajes científicos de alta complejidad de manera oportuna y concluyente, un factor que ha sido determinante en el estancamiento de esta y otras causas de alto perfil.
El caso está lejos de estar cerrado. Legalmente, la investigación por la muerte de Tomás Bravo continúa abierta en la Fiscalía de Los Ríos, ahora con un abanico de sospechas que se cierne sobre otros miembros de la familia. Sin embargo, el camino hacia la verdad se ve más largo y empinado que nunca. La absolución de Jorge Escobar no es el final de la historia, sino el fin de su primer y fallido capítulo. La pregunta fundamental, ¿quién es el responsable de la muerte de Tomás Bravo?, sigue resonando con una fuerza dolorosa, dejando una herida abierta en el corazón de Chile y un recordatorio permanente de que, a veces, el mayor fracaso de la justicia es su incapacidad para ofrecer respuestas.