
En el último año, la educación superior chilena ha mostrado una metamorfosis profunda, que ha dejado atrás viejos paradigmas y ha abierto nuevos escenarios cargados de oportunidades y conflictos. Los datos oficiales indican que para 2025, el 56% de los nuevos estudiantes se matriculan en institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), evidenciando un giro hacia la formación técnico-profesional y el crecimiento de la educación a distancia. Esta tendencia no es solo cuantitativa sino también cualitativa, pues las modalidades no presenciales, impulsadas mayormente por los IP, alcanzan un 15% de las matrículas de primer año, una cifra inédita en la historia reciente del sistema.
Este cambio estructural se inscribe en un contexto donde la gratuidad ha desplazado al Crédito con Aval del Estado (CAE) como principal mecanismo de financiamiento público. En 2024, el 46,3% de los nuevos estudiantes de pregrado accedieron a la gratuidad, con una cobertura desigual: 64% en CFT, 49% en universidades y solo 33% en IP. Esta distribución refleja también las tensiones regulatorias y financieras que atraviesan el sistema.
Desde la perspectiva de la competencia, un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló limitaciones significativas: barreras regulatorias, asimetrías informativas y sesgos que distorsionan la equidad entre instituciones estatales y privadas. Por ejemplo, la gratuidad y el Fondo de Estabilización Solidaria (FES) parecen beneficiar principalmente a las universidades estatales, generando ventajas regulatorias no siempre reconocidas. En paralelo, la FNE detectó deficiencias en la información disponible para los estudiantes, especialmente sobre empleabilidad y retorno salarial, lo que dificulta una elección informada de carrera.
Las voces en este debate no son unívocas. Desde el sector privado, se advierte que las universidades estatales reciben aportes fiscales considerables, distribuidos con criterios cuestionables, lo que complica la competencia justa. Por otro lado, las universidades públicas y regionales destacan la necesidad de políticas que reconozcan su rol social y territorial, especialmente en la vinculación con comunidades y el desarrollo local, como lo evidencian iniciativas del Programa Educación Superior Regional (ESR), cuya continuidad fue cuestionada por la Dipres pese a su impacto valorado en terreno.
En el plano pedagógico y tecnológico, la educación superior enfrenta un desafío existencial. Expertos internacionales reunidos en Londres advirtieron que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas digitales están transformando el paradigma educativo. El modelo tradicional de "aprender, trabajar y retirarse" es reemplazado por la necesidad de aprender, desaprender y reaprender continuamente. Esta realidad impone a las universidades la urgencia de desarrollar habilidades meta-cognitivas: curiosidad, flexibilidad y pensamiento crítico, más allá del simple conocimiento técnico.
Sin embargo, la incorporación de la IA genera dilemas éticos y sociales. Se advierte que, sin regulación y gobernanza adecuada, la IA puede aumentar las brechas sociales y culturales, además de despersonalizar la educación, transformándola en un proceso de vigilancia y control más que en una conversación de valores. En Chile, estos debates cobran relevancia en un contexto donde la educación superior debe equilibrar calidad, equidad y pertinencia en un sistema cada vez más diversificado y tecnificado.
Finalmente, la diversidad de rutas de ingreso al sistema ha ampliado las oportunidades, pero también obliga a fortalecer los apoyos internos para asegurar la permanencia y éxito estudiantil. Instituciones como Duoc UC y AIEP han desarrollado programas de nivelación, orientación y articulación con universidades, reconociendo que el acceso no es el único desafío.
Verdades y consecuencias
El sistema de educación superior chileno está en plena transformación, con un fuerte desplazamiento hacia la formación técnico-profesional y modalidades no presenciales. Sin embargo, esta evolución no está exenta de tensiones: la competencia se ve distorsionada por políticas públicas que benefician de manera desigual a sectores estatales y privados; la información para la toma de decisiones estudiantiles sigue siendo insuficiente; y la concentración institucional amenaza la diversidad y pluralidad del sistema.
La irrupción de la IA y las nuevas tecnologías educativas exigen repensar el rol de las universidades, no solo como transmisoras de conocimiento sino como formadoras de sabiduría y pensamiento crítico, en un contexto donde la educación debe ser un proceso continuo y adaptable.
En suma, Chile enfrenta un desafío de gobernanza y diseño institucional que debe equilibrar innovación, equidad y calidad, evitando que las reformas fragmenten aún más un sistema ya complejo. La educación superior es hoy un campo de batalla donde convergen intereses políticos, económicos y sociales, y donde las decisiones tomadas ahora definirán el futuro del país en las próximas décadas.
Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, WIRED, Agencia de Calidad de la Educación, Fiscalía Nacional Económica, OPPES-USACH, conferencias internacionales sobre educación superior.
2025-10-14