Antofagasta en la encrucijada: inversión millonaria, conflictos sociales y desafíos ambientales

Antofagasta, epicentro del auge económico del norte grande, vive hoy una compleja trama donde convergen la inversión histórica en minería y energía, la violencia urbana y un creciente desafío ambiental y social. La región, que concentra el 28% de la inversión nacional en proyectos ambientales y productivos, ha sido escenario de avances y conflictos que revelan una ciudad en tensión.

El 10 de noviembre de 2025, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto minero de cobre óxidos Marimaca, con una inversión de US$500 millones y una producción anual estimada de 50 mil toneladas de cátodos de cobre. Esta iniciativa, junto con la reciente luz verde del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la megalínea eléctrica Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta con Santiago con una inversión cercana a US$1.500 millones, consolidan a la región como un polo estratégico para la matriz energética y minera del país.

Estos proyectos no solo representan cifras millonarias, sino que también un impacto directo en la generación de empleo: 2.500 puestos en construcción y cerca de mil en operación para Marimaca, y más de 6.200 empleos en la construcción de la megalínea. Sin embargo, la magnitud de estas obras también implica un aumento en la presión sobre el territorio, con desafíos en infraestructura, movilidad y recursos naturales.

Desde la perspectiva económica, expertos destacan que la concentración del 57% de la inversión nacional en Magallanes y Antofagasta refleja la vocación productiva de cada región. Paulina Riquelme, socia fundadora de Eelaw, afirma que “menos proyectos, pero de mayor escala e inversión, se concentran en regiones con recursos naturales estratégicos y alto potencial energético”. No obstante, advierte que existen asimetrías institucionales y sociales que condicionan el desarrollo equilibrado.

Pero no todo es progreso lineal. Antofagasta también ha sido escenario de episodios que evidencian la complejidad social que acompaña al crecimiento. En octubre y noviembre, la ciudad enfrentó casos de violencia extrema y seguridad pública que han conmocionado a la comunidad.

El 21 de octubre se reveló la existencia de un búnker para torturas en un campamento local, donde seis extranjeros fueron formalizados por secuestro agravado y asociación criminal tras un operativo policial. La brutalidad de los hechos, que incluyó torturas con quemaduras y mutilaciones, puso en evidencia redes criminales que operan en sectores vulnerables.

Asimismo, el 29 de octubre, Miguel Alejandro Angulo Rojas fue condenado a 11 años de cárcel por un homicidio ocurrido en 2022, tras permanecer prófugo y ser capturado con drogas en su domicilio. Estos casos se suman a la preocupación por la seguridad ciudadana y la efectividad de las políticas públicas en la región.

En paralelo, la gestión urbana también enfrenta retos. Un operativo realizado en octubre en la playa Juan López dejó clausuras, detenciones y la retirada de más de 30 toneladas de basura, además de la prohibición de funcionamiento a un restaurante por condiciones sanitarias precarias. Jorge Cortés-Monroy, seremi de Seguridad Pública, señaló que “el compromiso es mantener la seguridad en todos los sectores de la comuna, incluido el balneario”.

Desde el ámbito científico, el reciente sismo de magnitud 5,5 que sacudió Antofagasta el 10 de noviembre, con epicentro en el sector La Chimba, recordó la vulnerabilidad geológica de la zona. El académico Gabriel González explicó que “la cercanía del hipocentro a la ciudad hizo que el movimiento se sintiera con tanta intensidad”. Este evento subrayó la necesidad de una gestión integral del riesgo y planificación urbana adaptada.

En este escenario, la tensión entre desarrollo económico y calidad de vida se vuelve palpable. Mientras la minería y la energía verde impulsan la economía regional, la violencia y los problemas sociales demandan respuestas urgentes y coordinadas.

Las voces se multiplican: desde las autoridades que promueven los proyectos como motores de progreso, hasta las comunidades afectadas que reclaman seguridad, justicia y cuidado ambiental. No hay consenso, sino un campo de batalla donde se enfrentan intereses, expectativas y realidades.

Conclusiones:

- La concentración de inversión en Antofagasta consolida su rol estratégico en la matriz productiva nacional, pero también aumenta la presión sobre sus recursos y comunidades.

- La violencia y el crimen organizado evidencian fallas estructurales en la seguridad y la integración social, que no pueden ser soslayadas en la agenda pública.

- La gestión ambiental y urbana debe equilibrar la ambición económica con la sustentabilidad y el bienestar ciudadano, en un contexto de riesgos naturales y sociales.

Este cuadro invita a una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo regional, que no puede limitarse a la suma de proyectos sino que debe integrar la complejidad humana y territorial que define a Antofagasta hoy.