Persistencia y polarización en La Araucanía: El Estado frente a los atentados incendiarios
Un escenario de confrontación que no cesa. Desde 2022, cerca de 400 personas han sido detenidas y más de 600 imputadas en el marco de investigaciones por atentados incendiarios en La Araucanía. El gobierno, encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha reafirmado su compromiso con la persecución penal efectiva contra los grupos radicales que protagonizan estos hechos.El 10 de noviembre de 2025, Cordero sostuvo una reunión con autoridades policiales, militares y fiscales para coordinar acciones ante los recientes atentados en Carahue, Cunco y Vilcún. En esta cita, el ministro enfatizó que 'en Chile no hay presos políticos', defendiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista y la presentación de querellas que buscan sancionar a los responsables.
La Araucanía como epicentro de un conflicto que se renueva. La región no solo vive la tensión por los atentados, sino que también se prepara para conmemorar un aniversario emblemático: el fallecimiento de Camilo Catrillanca, cuyo caso marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la violencia y la represión en la zona.Este contexto coincide con un fin de semana electoral, lo que añade una dimensión política sensible a la situación.
Perspectivas encontradas. Desde el oficialismo, la narrativa es clara: la acción estatal debe ser firme, con énfasis en la persecución penal y en la seguridad pública. El ministro Cordero destacó que las querellas por Ley Antiterrorista presentadas recientemente —siete de ocho vinculadas a hechos en La Araucanía— son una señal inequívoca de la determinación del Ejecutivo.
Sin embargo, desde sectores mapuche y organizaciones sociales, la interpretación es diametralmente opuesta. Para ellos, la criminalización de la protesta y el uso de la Ley Antiterrorista profundizan la fractura histórica y perpetúan un ciclo de violencia y exclusión. 'La persecución judicial no resuelve las causas de fondo del conflicto, sino que las agrava', argumentan, señalando que la ausencia de avances en diálogo y reconocimiento territorial alimenta la radicalización.
Un entramado judicial y político complejo. La insistencia gubernamental en mantener la política de persecución penal se enfrenta a cuestionamientos sobre garantías procesales y derechos humanos. La afirmación del ministro de que no existen presos políticos en Chile es desafiada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian condiciones cuestionables en las prisiones y procesos judiciales acelerados.
Verdades y consecuencias visibles. Tras años de enfrentamientos y políticas represivas, la violencia en La Araucanía se mantiene, evidenciando la insuficiencia de una solución que solo apela a la fuerza y la judicialización. El ciclo de atentados y represalias ha generado un desgaste social profundo, con comunidades divididas y un Estado que lucha por mantener el control sin lograr la pacificación.
La conmemoración de Camilo Catrillanca y la coincidencia con un proceso electoral amplifican la presión sobre el gobierno, que deberá equilibrar la demanda de seguridad con la urgencia de abordar las causas estructurales del conflicto.
En definitiva, la historia de La Araucanía sigue siendo un desafío abierto, donde el coliseo de actores —Estado, comunidades mapuche, fuerzas de seguridad y sociedad civil— protagoniza una tragedia que reclama más que respuestas inmediatas: requiere comprensión profunda, diálogo genuino y políticas integrales que trasciendan la mera represión.