Fiscalía avanza contra exministra Vivanco en trama bielorrusa: defensa desafía imputaciones y revela grietas en la investigación
El caso que ha sacudido los cimientos del Poder Judicial chileno parece aún lejos de cerrarse. Desde noviembre de 2025, la Fiscalía Regional de Los Lagos ha intensificado la investigación contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su entorno cercano, en el marco de la llamada 'trama bielorrusa'. Se trata de una compleja red de presuntos delitos que incluye cohecho, sobornos, lavado de activos y tráfico de influencias, vinculados a fallos judiciales que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio millonario contra Codelco.
El cerco fiscal y las evidencias
El Ministerio Público acusa a Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, de recibir pagos ilegítimos por cerca de $45 millones, canalizados a través de una casa de cambio y luego usados en operaciones financieras y gastos personales, incluyendo viajes a Argentina y Brasil. Asimismo, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes legales del consorcio, están detenidos y formalizados por su presunta participación en estas maniobras.
La Fiscalía ha presentado una querella de capítulos para formalizar a Vivanco, un paso imprescindible debido a su condición de exministra suprema, y ha solicitado medidas cautelares. En allanamientos recientes, se incautaron dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en el domicilio de Vivanco, lo que ha añadido nuevas aristas al caso.
La defensa responde: grietas y versiones contrapuestas
“Siempre el lobo es el malo cuando la historia la cuenta Caperucita”, afirmó el abogado Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas, en una alegoría que resume la postura de la defensa: las imputaciones carecen de sustento probatorio sólido y se basan en interpretaciones sesgadas.
Contreras desestimó la acusación de que Vivanco retiró dólares en las oficinas de los abogados para el pago de coimas, argumentando que la exministra estuvo en la zona por razones personales, como la administración de un departamento y visitas regulares a locales cercanos. Además, señaló que las firmas electrónicas de los documentos judiciales no fueron realizadas por Vivanco ni su pareja, sino por la secretaria del estudio jurídico.
Respecto al origen y manejo del dinero, la defensa sostiene que los fondos usados por Migueles para gastos y pagos bancarios provienen de operaciones legítimas anteriores, no vinculadas a sobornos.El informe policial que georreferenció la presencia de Vivanco cerca de las oficinas no prueba su ingreso ni retiro de dinero.
Voces encontradas: política, justicia y sociedad
En el espectro político, la acusación ha generado tensiones. Sectores conservadores insisten en la necesidad de una investigación exhaustiva para preservar la integridad del sistema judicial, mientras que voces progresistas alertan sobre la posibilidad de persecuciones selectivas y la politización del caso.
Desde el mundo jurídico, el debate se centra en la gravedad de las imputaciones y el impacto que un eventual fallo condenatorio tendría sobre la credibilidad de la Corte Suprema, especialmente considerando el historial previo de Vivanco y las implicancias para la independencia judicial.
La sociedad civil observa con preocupación cómo un caso emblemático de corrupción afecta la confianza en las instituciones, en un contexto donde la transparencia y la ética pública son demandas recurrentes.
Constataciones y consecuencias
Tras meses de investigación y el despliegue de medidas cautelares, queda claro que la Fiscalía ha reunido indicios suficientes para formalizar a los principales imputados, aunque la defensa ha logrado poner en evidencia fisuras en la narrativa oficial. La ausencia de pruebas directas que vinculen a Vivanco con la recepción y manejo de coimas, así como la falta de declaraciones de otros jueces involucrados, generan un escenario de incertidumbre jurídica.
Este caso revela la dificultad de desentrañar redes complejas de corrupción cuando se entrecruzan intereses políticos, judiciales y económicos, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Poder Judicial.
Para la ciudadanía reflexiva, este episodio es una invitación a observar con distancia y rigor, evitando la vorágine de juicios anticipados y privilegiando el análisis crítico que permita comprender no solo los hechos, sino sus raíces y consecuencias a largo plazo.