Senado destituye al juez Ulloa en plena campaña electoral: un pulso entre justicia y política

El pasado lunes el Senado aprobó la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que derivó en su destitución por notable abandono de deberes. Este desenlace, que revierte la decisión previa de la Corte Suprema de no removerlo, ha desatado un intenso debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político y social, especialmente por el momento en que ocurre: en pleno período electoral.

El pulso judicial-político

Desde la perspectiva oficialista, la remoción de Ulloa es una señal clara de que "ha operado la institucionalidad" y que el Congreso actuó conforme a sus atribuciones para cuidar la integridad del sistema judicial. Para estos actores, la acusación responde a un abandono real de funciones que comprometía la confianza en la justicia.

Sin embargo, desde la oposición y sectores independientes, la destitución es vista como un uso político de la herramienta constitucional en un momento delicado para la estabilidad democrática. "Este proceso es totalmente injusto y violatorio del principio non bis in ídem, pues ya había sido juzgado por los mismos hechos", afirmó el propio exjuez Ulloa, quien además expresó su pesar por el impacto personal, especialmente en sus hijos.

Voces desde la sociedad civil y el mundo jurídico

Organizaciones de derechos humanos y académicos han señalado que, más allá de la evaluación del desempeño judicial, el contexto electoral y la rapidez del juicio político abren cuestionamientos sobre la independencia judicial y la posible instrumentalización del Congreso.

Por otro lado, sectores ciudadanos preocupados por la corrupción y la eficiencia en la justicia valoran la destitución como un paso necesario para fortalecer la rendición de cuentas y evitar impunidad en el poder judicial.

Contexto y consecuencias visibles

Este caso se origina en denuncias que datan de meses atrás, donde Ulloa habría incumplido funciones esenciales, según informes parlamentarios y revisiones internas. La Corte Suprema inicialmente decidió no removerlo, generando un choque institucional que fue zanjado por la decisión del Senado.

El impacto inmediato es la vacante en la Corte de Apelaciones de Santiago, un tribunal clave en el sistema judicial chileno, y la profundización de un debate sobre el equilibrio entre control político y autonomía judicial.

Constataciones finales

Este episodio desnuda una tensión latente en Chile: la frontera entre la política y la justicia no está definida con claridad, y las herramientas constitucionales pueden ser armas de doble filo. La destitución de Ulloa muestra que la institucionalidad puede actuar, pero también que la percepción de justicia se fragmenta según el prisma político y social.

Queda en evidencia que la independencia judicial es un valor frágil y que su protección requiere no solo de normas, sino de consensos sociales que hoy parecen escasos. La tragedia personal del juez Ulloa, condenado en un escenario público y electoral, es un llamado a repensar los mecanismos de control y la cultura política que los rodea.

La historia de este juicio político recién comienza a escribirse en sus consecuencias para la justicia chilena y su relación con el poder político, un relato que seguirá siendo observado con atención en los meses venideros.

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Fuentes: Cooperativa.cl, análisis parlamentarios, entrevistas a expertos judiciales y voces ciudadanas.