El Simce en 2025: entre avances históricos y las heridas abiertas de la desigualdad educativa

El Simce 2025 llegó cargado de paradojas, donde se entrecruzan triunfos y desafíos, en un escenario que sigue revelando las fracturas profundas de la educación chilena.

En noviembre de 2024, más de 690 mil estudiantes rindieron la prueba en sus niveles censales y experimentales, con resultados que marcaron un hito para cuarto básico: un aumento de seis puntos en lectura y cinco en matemáticas, alcanzando los puntajes más altos desde el año 2002. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, celebró estos avances como "históricos" y destacó que los sectores socioeconómicos más vulnerables experimentaron alzas de hasta 15 puntos, un signo alentador en la lucha contra las brechas educativas.

Pero la alegría se matiza con la realidad de otros niveles. Sexto básico mostró una caída preocupante, con una baja de seis puntos en matemáticas y un punto en lectura. La explicación oficial apunta a que esta generación fue la más golpeada por la pandemia, con interrupciones prolongadas en el aprendizaje y un impacto visible en su rendimiento. En segundo medio, aunque las cifras se mantuvieron estables, la mitad de los estudiantes se encuentra en niveles insuficientes, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿estamos preparando a nuestros jóvenes para los desafíos futuros?

La aplicación del Simce a octavos básicos en octubre de 2025 estuvo marcada por una crisis inesperada. La masiva ausencia de examinadores en múltiples comunas, incluyendo Santiago, Providencia y Paine, llevó a la suspensión de la prueba para más del 50% de los alumnos en algunos sectores. Esta falla logística desató una tormenta política y social, con alcaldes, parlamentarios y candidatos presidenciales exigiendo responsabilidades y sanciones. La empresa proveedora, Infer, fue señalada como responsable y enfrenta multas severas, mientras que la Agencia de Calidad de la Educación inició sumarios para esclarecer las responsabilidades.

El alcalde Felipe Alessandri calificó la situación como "una vergüenza" y exigió explicaciones inmediatas al Ministerio de Educación. Por su parte, la subsecretaria Alejandra Arratia lamentó los hechos y llamó a la responsabilidad política para no politizar la crisis.

Este episodio no solo evidenció problemas de gestión, sino que abrió un debate más profundo sobre la confianza en el sistema y la calidad de las mediciones educativas.

Más allá de los números y las controversias, expertos y voces ciudadanas han insistido en que el Simce debe ser una herramienta para la reflexión y la acción, no un castigo ni un estigma. La directora de Educación 2020, Ingrid Olea, señaló que "el desafío no es solo celebrar avances o lamentar lo que sigue mal, sino sostener mejoras y evitar que ningún estudiante quede rezagado".

El Simce ha mostrado que las desigualdades socioeconómicas y de género persisten, con estudiantes de contextos vulnerables y niñas enfrentando mayores obstáculos. Además, la inclusión educativa sigue siendo un desafío pendiente: la académica Marcela Tenorio destacó la necesidad de adaptar el Simce para estudiantes con discapacidad, garantizando apoyos y ajustes razonables.

Finalmente, el Simce 2025 invita a mirar más allá de los puntajes: a entender que mide no solo aprendizajes, sino también las condiciones sociales, emocionales y estructurales que afectan a estudiantes y comunidades. El aumento en problemas de convivencia y violencia escolar, reportado por el 64% de los estudiantes, es otro factor que influye en el rendimiento y que requiere políticas focalizadas.

La conclusión es clara: el Simce sigue siendo un termómetro indispensable, pero para que sea efectivo debe ir acompañado de voluntad política, recursos adecuados y un compromiso real con la equidad y la inclusión. La educación chilena está en un punto de inflexión, donde los aprendizajes de esta medición pueden ser la base para transformar un sistema que aún deja a muchos atrás.

En este escenario, el desafío es mayúsculo y el reloj no se detiene. La pregunta que queda es quién asumirá la responsabilidad de traducir estos datos en acciones concretas y sostenidas, para que la tragedia de la desigualdad no siga siendo la constante en las aulas del país.