Crisis en la Corte Suprema: El caso Ulloa-Simpertigue y la fractura ética del Poder Judicial

El escándalo que sacude al Poder Judicial chileno no es un episodio más de corrupción o mala praxis. Es una tragedia en tres actos que, a más de una semana de su eclosión pública, sigue mostrando heridas abiertas y desafíos estructurales irresueltos.El 10 de noviembre de 2025, el Senado aprobó la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras evidenciarse que filtró a un abogado externo, Luis Hermosilla, actas secretas con votaciones internas para nombramientos en la Corte Suprema. Esta acción, además de vulnerar la confidencialidad del proceso, involucró a Diego Simpertigue, ministro de la Suprema y amigo cercano de Ulloa, quien no se inhabilitó y fue clave para salvarlo en la votación interna que inicialmente impidió la remoción de Ulloa.

### Origen y evolución del caso
Los antecedentes surgieron durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando Ulloa envió en dos oportunidades a Hermosilla documentos reservados con resultados de votaciones para integrar la Corte Suprema, donde Simpertigue figuraba como candidato. Aunque Simpertigue no obtuvo la mayoría en esas votaciones internas, fue designado por el Presidente Piñera, ratificado por el Senado en 2022 con unanimidad. La amistad entre Ulloa y Simpertigue, evidenciada en reuniones y celebraciones, se volvió foco de controversia cuando Simpertigue votó para mantener a Ulloa en su cargo en septiembre de 2025, en un empate 7-7 que evitó la destitución.

### Perspectivas en pugna
Desde la defensa, el abogado de Ulloa, Domingo Hernández, ha calificado la acusación como un 'juicio mediático', argumentando que Ulloa ya fue sancionado disciplinariamente y que la acusación constitucional carece de rigor y se basa en investigaciones periodísticas más que en pruebas jurídicas sólidas.

Por otro lado, sectores críticos dentro y fuera del Poder Judicial denuncian una práctica sistemática de tráfico de influencias y falta de ética, que va en contra del auto acordado de 2003 sobre los 'Principios de Ética Judicial', que prohíbe la intervención de jueces en nombramientos y concursos para evitar conflictos de interés.

Además, la investigación judicial ha revelado que la red de influencias va más allá de Ulloa y Simpertigue, alcanzando a la exministra Ángela Vivanco, su entorno y hasta conservadores de bienes raíces, en una trama que mezcla política, justicia y negocios.

### Impacto regional y social
El caso ha generado una profunda desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, cuestionando su independencia y transparencia. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha denunciado intentos de vulnerar el secreto profesional de periodistas que han investigado el caso, lo que añade un nuevo nivel de tensión entre la justicia y la libertad de prensa.

En el Senado y la Cámara de Diputados, la discusión ha sido intensa, con voces que exigen reformas profundas en los mecanismos de nombramiento y control interno del Poder Judicial, mientras otros llaman a respetar el debido proceso y evitar que presiones políticas contaminen la justicia.

### Voces desde la Corte
La ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, ha señalado que aunque el caso Ulloa parece cerrado tras la votación, la puerta queda abierta para nuevos procedimientos si emergen antecedentes relevantes.

Simpertigue, por su parte, ha defendido su voto y postura, argumentando que la conducta de Ulloa, aunque reprochable, no ameritaba una sanción máxima como la remoción, y que la búsqueda de apoyos para ascensos judiciales es una práctica arraigada que requiere una reforma política y legal para ser erradicada.

### Constataciones y consecuencias
Este episodio desnuda una realidad incómoda: la justicia chilena enfrenta una crisis ética y de legitimidad que no se resuelve con sanciones individuales. La filtración de votaciones secretas pone en jaque la confianza pública y evidencia la persistencia de redes de influencia internas.

Es cierto que la defensa legal reclama respeto al debido proceso y que algunos actos ya fueron sancionados disciplinariamente. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas y la reacción dividida en la Suprema muestran que el problema es estructural y político.

La presión social y mediática, el escrutinio parlamentario y la vigilancia de la prensa independiente son elementos que pueden impulsar cambios, pero también generan tensiones que deben ser gestionadas con transparencia y responsabilidad institucional.

En definitiva, la historia del caso Ulloa-Simpertigue es una tragedia judicial que invita a la reflexión profunda sobre la ética, la política y la justicia en Chile, y que plantea un desafío urgente para restaurar la credibilidad y fortaleza del Poder Judicial en el siglo XXI.