Reconversión de Punta Peuco: El fin de un penal especial y el choque de visiones en Tiltil

Un penal que marcó un hito en la historia carcelaria y política de Chile está dejando de existir. El 4 de noviembre de 2025, el Presidente Gabriel Boric promulgó el decreto que transforma Punta Peuco, hasta ahora un establecimiento penitenciario especial para exagentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos en dictadura, en un penal común ubicado en la comuna de Tiltil. Esta medida, que cierra un capítulo de más de 30 años, ha desatado un choque frontal entre las autoridades, los internos y la comunidad local, desplegando un escenario donde se cruzan la memoria histórica, la justicia y la seguridad pública.

El origen y la evolución de Punta Peuco

Punta Peuco fue creado en 1995 como un recinto exclusivo para condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Por más de tres décadas, el penal funcionó bajo un régimen especial, con privilegios y condiciones muy distintas al resto del sistema penitenciario chileno. En 2013, el gobierno de Sebastián Piñera dio un paso hacia la normalización al cerrar el Penal Cordillera, otro recinto especial similar, pero fue recién en 2025 que el mandato de Boric decidió eliminar definitivamente esta anomalía institucional.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha defendido la medida argumentando que "lo que es anómalo es que exista un penal especial para personas que cometieron ciertos delitos en un cierto periodo histórico" y que su reconversión responde al principio de igualdad ante la ley y a la necesidad de optimizar recursos en un sistema penitenciario sobrepoblado.

La reconversión en cifras y cambios prácticos

El ahora denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil ampliará su capacidad a 165 cupos, incorporando cuatro nuevos módulos para alojar adultos mayores y personas con bajo compromiso delictual. Se están realizando obras para adaptar las instalaciones a un régimen común, incluyendo un nuevo recinto de visitas y una sala de televigilancia.

Gendarmería tendrá la responsabilidad técnica de establecer criterios de segregación y resguardo para evitar conflictos entre la población penal actual y los nuevos internos.

La resistencia de los internos y la comunidad local

La reconversión no ha sido aceptada sin resistencia. El abogado Raúl Meza, representante de un grupo importante de los internos, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la medida es "ilegal y arbitraria" y vulnera los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los reclusos. Sin embargo, la Corte declaró inadmisible el recurso, señalando que el acto presidencial se enmarca dentro de las facultades legales del Ejecutivo y que no existe arbitrariedad.

Pero la oposición no se limita a la esfera judicial. El alcalde de Tiltil, César Mena, ha expresado duramente su rechazo, calificando la medida como "un guiño político que le está haciendo a la candidata Jeannette Jara para subir las encuestas, pero que daña enormemente a nuestra comuna". Ha anunciado la presentación de recursos de amparo y la posible apelación al Tribunal Constitucional, además de convocar a protestas ciudadanas.

Voces que reflejan la complejidad del conflicto

En este escenario, las posturas se dividen claramente:

- Gobierno y sectores progresistas ven la reconversión como un avance en justicia y normalización, eliminando un privilegio anómalo en el sistema penitenciario y reafirmando la igualdad ante la ley.

- Internos y sus defensores denuncian una vulneración de derechos y temen por su seguridad y condiciones de vida dentro de un penal común.

- Comunidad local y actores políticos regionales manifiestan preocupación por el impacto en la seguridad y la convivencia, advirtiendo que la medida podría generar tensiones sociales y políticas en Tiltil.

Constataciones y consecuencias

Este episodio pone en evidencia la dificultad de cerrar heridas históricas sin abrir nuevas tensiones sociales. La reconversión de Punta Peuco simboliza el fin de una etapa en la gestión de la justicia penal en Chile, pero también el inicio de un conflicto social y político que aún está lejos de resolverse.

La decisión del Ejecutivo, respaldada por la Contraloría y la justicia, reafirma la potestad del Estado para modificar su sistema penitenciario en función de principios constitucionales y técnicos. Sin embargo, la resistencia judicial y social demuestra que la memoria y las heridas del pasado siguen vigentes y que la convivencia en Tiltil será un desafío que requerirá diálogo y políticas cuidadosas.

En definitiva, Punta Peuco ya no es un penal especial, pero su reconversión ha puesto en el centro del debate la tensión entre justicia, memoria y seguridad, con actores que luchan por imponer sus narrativas y defender sus intereses en un escenario que se asemeja a un coliseo donde la tragedia es de todos, aunque sufrida de distintas maneras.