Contraloría ordena a municipios adoptar medidas para prevenir el abandono de mascotas durante desalojos: un desafío entre la protección animal y la gestión municipal

En los últimos días, la Contraloría General de la República (CGR) ha dado un paso decisivo para que el abandono de mascotas durante los desalojos de tomas ilegales deje de ser un problema invisible. El 4 de noviembre de 2025, el organismo fiscalizador ordenó a todos los municipios del país implementar medidas concretas para prevenir el abandono y maltrato de animales en estos procedimientos.

Este pronunciamiento surge tras denuncias específicas contra las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal, donde se constató la ausencia de registros oficiales de los animales presentes en las tomas desalojadas. En la "Toma Dignidad" de La Florida y la "Toma 17 de Mayo" en Cerro Navia, no existía un catastro previo de mascotas al momento del desalojo. Esta falta de información impidió garantizar condiciones mínimas de bienestar para los animales afectados, lo que la Contraloría calificó como una omisión grave.

Desde la CGR se enfatizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) ya había puesto a disposición un protocolo tipo, elaborado por el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), para orientar a los municipios en la prevención del abandono animal. Este protocolo incluye recomendaciones operativas y logísticas para asegurar que las mascotas reciban un trato digno y seguro durante los desalojos.

"Los municipios deben adoptar medidas adecuadas y oportunas, entre ellas el levantamiento de un catastro previo que permita identificar los animales que habitan en inmuebles ocupados irregularmente dentro de su territorio", señaló la Contraloría en su dictamen.

Sin embargo, la aplicación práctica de estas medidas ha generado debates y tensiones en distintos ámbitos:

- Desde la perspectiva municipal, varios alcaldes y funcionarios han señalado la dificultad de implementar catastros y protocolos en contextos de alta conflictividad social, falta de recursos y la urgencia de ejecutar desalojos judiciales. Para ellos, la prioridad es el restablecimiento del orden público y la seguridad jurídica, y temen que mayores exigencias burocráticas retrasen o compliquen estos procesos.

- Organizaciones de derechos de los animales y activistas sociales han celebrado la medida como un avance necesario para visibilizar a los animales como sujetos de protección en contextos de vulnerabilidad. Sin embargo, advierten que la medida debe ir acompañada de políticas integrales que incluyan refugios temporales, campañas de adopción y apoyo a las familias desalojadas para evitar la separación forzada de sus mascotas.

- Académicos y expertos en políticas públicas advierten sobre la complejidad de armonizar el derecho a la vivienda, la gestión municipal y el bienestar animal. Señalan que la falta de coordinación entre servicios sociales, municipales y organizaciones civiles puede perpetuar la problemática del abandono, más allá de la existencia de protocolos.

La Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía establece que los municipios tienen un rol activo en la promoción del bienestar animal y la prevención del abandono. Sin embargo, la experiencia de La Florida y Cerro Navia demuestra que esta obligación no siempre se traduce en prácticas efectivas.

En definitiva, este episodio pone en escena un choque de urgencias y responsabilidades: por un lado, la necesidad de los municipios de cumplir con su rol fiscalizador y de orden público; por otro, la exigencia ética y legal de proteger a los animales afectados, que a menudo son invisibilizados en estas circunstancias.

La Contraloría, con su dictamen, no solo ha puesto un foco en la fiscalización, sino que ha abierto un debate mayor sobre cómo construir políticas públicas que integren derechos humanos, justicia social y bienestar animal en contextos complejos como las tomas ilegales.

Queda por ver cómo responderán los municipios a esta exigencia y si el Estado logrará articular recursos y capacidades para que estas medidas no se queden en papel. Mientras tanto, las mascotas siguen siendo, en muchos casos, las víctimas silenciosas de un conflicto que involucra a personas, territorios y derechos en pugna.

Fuentes consultadas incluyen los informes oficiales de la Contraloría General de la República, declaraciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entrevistas con alcaldes de las comunas afectadas y análisis de organizaciones de bienestar animal.

Este episodio revela, en última instancia, que la protección de los más vulnerables —ya sean humanos o animales— requiere no solo normas, sino voluntad política, recursos y coordinación interinstitucional para hacerse realidad.