
Un niño muerto, varios heridos y una sociedad que observa atónita. El 20 de octubre de 2025, en Recoleta, un furgón escolar que trasladaba a seis estudiantes fue impactado violentamente por un vehículo robado que huía tras un asalto con violencia. El accidente provocó el volcamiento del vehículo escolar, dejando un saldo trágico: un menor de 11 años fallecido y siete personas heridas, entre ellas niños y adultos. Los responsables, dos hombres con antecedentes penales, fueron detenidos y serán formalizados por homicidio.
Este hecho estremeció al país y reabrió un debate profundo sobre la seguridad ciudadana y la eficacia del sistema judicial. Carlos Collado, ex-PDI, advirtió que "los delincuentes pierden el respeto a la autoridad" cuando las salidas alternativas a la cárcel proliferan sin un control efectivo. Collado criticó que individuos con prontuarios extensos, como Iván Gómez, con más de 20 detenciones previas, sigan en libertad gracias a medidas como firmas mensuales o salidas alternativas, lo que, a su juicio, alimenta la reincidencia y la impunidad.
La muerte del niño en Recoleta, producto de una persecución ciudadana y la huida de delincuentes, puso en evidencia la complejidad de la violencia urbana y la fragilidad del sistema de justicia. El exdetective sostuvo que "la justicia firma un papel y quedan libres. El problema lo tenemos nosotros, los que caminamos en la calle". Su diagnóstico apunta a un déficit en la ejecución y cumplimiento efectivo de las penas, más que a la necesidad de nuevas leyes.
Sin embargo, las voces se dividen. Desde el Congreso, algunos legisladores han planteado la necesidad de limitar los beneficios carcelarios para reincidentes, buscando un equilibrio entre la reinserción social y la protección ciudadana. En paralelo, sectores sociales y expertos en derechos humanos advierten sobre los riesgos de políticas punitivas que puedan exacerbar la exclusión y la violencia.
Este episodio no es aislado en un país donde la delincuencia exhibe múltiples caras: robos violentos, encerronas, asaltos bajo disfraces policiales y violencia contra hogares y familias. En Estación Central, por ejemplo, delincuentes disfrazados de carabineros asaltaron una vivienda, amenazando incluso a niños pequeños, mientras que en Quinta Normal un hombre fue baleado y despojado de 12 millones de pesos tras salir de un banco. En Vespucio Norte, una encerrona a un camión terminó con la sustracción de un peoneta, y en La Cisterna, una familia fue víctima de un violento "turbazo" con robo de armas inscritas.
Estos hechos alimentan la percepción ciudadana de inseguridad y la sensación de un Estado que no logra proteger a sus ciudadanos. Expertos en criminología y seguridad pública señalan que la fragmentación de las políticas, la falta de coordinación institucional y la impunidad estructural son los principales factores que perpetúan la crisis.
En este escenario, la participación ciudadana en acciones como detenciones ciudadanas o persecuciones espontáneas, aunque motivadas por el deseo de justicia, puede derivar en tragedias como la de Recoleta, donde un niño pagó con su vida la violencia desatada.
"Más que cambiar las leyes, necesitamos compromiso real para hacerlas cumplir", concluye Collado, apuntando al Congreso como actor clave para impulsar reformas que garanticen mayor seguridad y confianza.
Verdades y consecuencias:
- La delincuencia violenta en Chile sigue siendo una amenaza tangible y cotidiana, con impactos directos en la vida de las personas y la cohesión social.
- Las salidas alternativas a la cárcel, sin controles rigurosos, pueden erosionar la percepción de justicia y alimentar la reincidencia.
- La tragedia del furgón escolar evidencia la complejidad de la violencia urbana y la necesidad de políticas integrales que combinen prevención, justicia efectiva y rehabilitación.
- La confianza pública en las instituciones de seguridad y justicia está en juego, y su recuperación requerirá transparencia, coordinación y voluntad política.
- La ciudadanía, aunque con legítimo deseo de actuar, debe ser consciente de los riesgos de intervenciones espontáneas que pueden terminar en tragedias.
Este coliseo de violencia, impunidad y desafíos institucionales demanda un diálogo plural y profundo, que considere las múltiples voces y realidades del país, para avanzar hacia un Chile más seguro y justo.