Senado destituye al ministro Antonio Ulloa por abandono de deberes: un golpe a la confianza en la justicia chilena
El lunes 10 de noviembre de 2025, el Senado chileno selló el destino del ministro Antonio Ulloa Márquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, con una votación que lo destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos. Con 44 votos a favor y solo tres abstenciones, se aprobó el primer capítulo de la acusación constitucional, que bastó para removerlo del Poder Judicial. Esta decisión marca un hito en la historia reciente del sistema judicial, sumándose a la expulsión de la exministra Ángela Vivanco y profundizando la crisis de legitimidad que atraviesa la justicia chilena.
Un proceso que destapó una red de irregularidades
La acusación contra Ulloa se estructuró en tres capítulos que evidencian un patrón sistemático de conductas incompatibles con su cargo. En primer lugar, se le imputó la filtración reiterada de información reservada a un abogado externo, Luis Hermosilla, en el marco del conocido caso Audio — revelaciones que afectaron la reserva de procedimientos judiciales y la igualdad de las partes. En segundo término, se le acusó por falta de imparcialidad al no inhabilitarse en causas donde tenía vínculos o animadversiones, incluyendo casos emblemáticos como los relacionados con Sebastián Piñera y los hermanos Yarur. Finalmente, el tercer capítulo abordó su intervención indebida en nombramientos judiciales, gestionando apoyos para candidatos y manteniendo canales de comunicación con actores políticos y jurídicos para influir en designaciones.
“No estamos juzgando sus fallos, sino sus actuaciones extrajudiciales que ponen en duda la imparcialidad y probidad que debe tener un juez”, enfatizó el senador Iván Moreira, reflejando la preocupación de buena parte del Congreso por la erosión de la confianza pública.
Voces enfrentadas: un debate que desnuda fracturas
El proceso estuvo marcado por un intenso debate político que no intentó velar las diferencias, sino mostrarlas con toda su crudeza. Senadores como Claudia Pascual (PC) y Yasna Provoste (DC) defendieron la destitución como necesaria para restaurar la credibilidad de la justicia, argumentando que Ulloa “traicionó la confianza pública” y que la responsabilidad constitucional no vulnera el principio de non bis in idem, pues se trata de un control distinto a las sanciones judiciales previas.
En cambio, figuras como Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Javier Macaya (UDI) cuestionaron la proporcionalidad de la sanción y la politización del proceso, señalando que la conducta del magistrado no alcanzaba el umbral para un notable abandono de deberes. Rojo Edwards (PSC) ejemplificó esta postura al abstenerse, argumentando que la sanción implicaba una “muerte civil” desproporcionada.
El senador Pedro Araya (PPD) y Francisco Chahuán (RN) optaron por la inhabilitación, señalando dudas sobre la configuración del delito y el respeto al principio jurídico de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
La voz del acusado y la defensa
Antonio Ulloa negó las acusaciones y calificó el proceso como una “operación política” que distorsionó su imagen. “Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional”, afirmó, y defendió que la información compartida no vulneró sus deberes. Su abogado, Domingo Hernández, insistió en que el juez ya había sido sancionado disciplinariamente y que la acusación constitucional representaba un juicio mediático y político.
Consecuencias y aprendizajes
Este desenlace no solo aparta a Ulloa del Poder Judicial, sino que también abre un nuevo capítulo en la supervisión institucional sobre la conducta de los magistrados en Chile. La arrolladora votación del Senado, en un contexto de creciente escrutinio público, refleja la tensión entre la necesidad de transparencia y la protección de garantías judiciales.
El caso Ulloa desnuda una crisis profunda en la justicia chilena, donde la confianza ciudadana se ve erosionada por redes de influencias, filtraciones y cuestionamientos a la imparcialidad. La pluralidad de posturas en el Senado evidencia la complejidad de equilibrar la rendición de cuentas con el respeto a los procedimientos legales y la independencia judicial.
Finalmente, es posible constatar que la justicia chilena enfrenta un momento crítico que exige reformas estructurales y un compromiso renovado con la ética y la probidad para recuperar la legitimidad perdida y restaurar la confianza de la ciudadanía.
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Fuentes: Senado de la República de Chile, El Mostrador, La Tercera.