Hace poco más de dos meses, los pocos televidentes que sintonizaban Telecanal, un actor casi invisible en el espectro televisivo chileno, se encontraron con una programación radicalmente distinta. Donde antes había infomerciales y series envasadas, ahora se transmitía, sin interrupciones, la señal de RT en Español, el canal de noticias financiado por el Kremlin. El impacto inicial, que osciló entre la perplejidad y la controversia política, ha decantado en un análisis más profundo sobre las implicancias de tener una pieza del ajedrez geopolítico ruso transmitiendo en televisión abierta para todo Chile.
La mañana del 16 de junio, Telecanal, una estación con una historia de dificultades económicas y proyectos fallidos, cedió su frecuencia 2.1 casi por completo a RT. La decisión, descrita por fuentes internas como una directriz “venida de arriba”, se ejecutó sin previo aviso a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) ni al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
La reacción fue inmediata y multifacética. Por un lado, la Embajada de Rusia en Chile emitió un comunicado defendiendo la transmisión como un aporte a la “diversidad de expresión y opiniones” y un llamado a “dialogar con argumentos y sin censura”. El embajador, Vladimir G. Belinsky, llegó a afirmar en una entrevista que se había enterado de la noticia como “una grata sorpresa”, desvinculando a la diplomacia de la gestión comercial.
Por otro lado, el CNTV aclaró que, al tratarse de un acuerdo comercial para la exhibición de contenido y no una transferencia de la concesión, no requería autorización previa. Sin embargo, el organismo mantiene la facultad de fiscalizar el contenido emitido y ha iniciado indagaciones sobre la compleja estructura de propiedad del canal. Este matiz regulatorio dejó en evidencia una zona gris: ¿hasta qué punto la normativa chilena está preparada para un actor mediático que es, a la vez, una empresa y un instrumento de política exterior?
En el ámbito político, las posturas reflejaron la polarización existente. Mientras figuras como el alcalde Daniel Jadue celebraron la llegada de una “visión distinta”, parlamentarios de la UDI oficiaron al CNTV, manifestando su preocupación por la difusión de lo que consideran “propaganda de una dictadura”.
Para comprender la decisión de Telecanal, es necesario mirar más allá de la pantalla. La propiedad del canal, formalmente en manos de sociedades representadas por abogados del estudio DLA Piper Chile, ha sido históricamente vinculada al conglomerado mediático Albavisión, del empresario mexicano Ángel González, quien también controla La Red. Aunque el CNTV desestimó en 2017 una infracción a la ley que prohíbe la propiedad cruzada, los vínculos operativos y financieros entre ambos canales son reconocidos en la industria. Este patrón no es aislado: otras estaciones ligadas a Albavisión en Latinoamérica, como en México y Costa Rica, también retransmiten la señal de RT.
Este contexto sugiere que la llegada de RT a Chile no es un hecho fortuito, sino parte de una estrategia de expansión continental del medio ruso. Bloqueado en la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos tras la invasión a Ucrania bajo acusaciones de difundir desinformación, RT ha redirigido sus esfuerzos hacia América Latina, África y Asia, donde busca posicionarse como una alternativa a los medios occidentales.
El acuerdo, gestionado según fuentes de la industria por la agencia mexicana Unimedios, se presenta como una solución pragmática para Telecanal: una inyección de contenido y, presumiblemente, de recursos, a cambio de su frecuencia. Para RT, es una puerta de entrada de bajo costo y alta visibilidad al ecosistema mediático chileno.
Dos meses después, la señal de RT sigue al aire. La controversia inicial ha dado paso a una pregunta más estructural: ¿fortalece la presencia de RT el pluralismo informativo al ofrecer un punto de vista no occidental, como argumentan sus defensores, o introduce un actor cuya misión es erosionar la confianza en las instituciones democráticas mediante narrativas sesgadas, como advierten sus críticos?
La situación obliga a una disonancia cognitiva constructiva. Por un lado, en una democracia, la censura previa a un medio de comunicación es un tabú. Por otro, la libertad de expresión no exime de responsabilidad sobre el contenido, especialmente cuando este proviene de un aparato estatal involucrado en un conflicto bélico y acusado de crímenes de guerra. La defensa de RT como un medio análogo a la BBC o Deutsche Welle omite que estos operan en democracias con sistemas de control y rendición de cuentas públicas que no existen en Rusia.
El caso de Telecanal y RT no es simplemente una anécdota televisiva. Es un estudio de caso sobre la globalización de la información, la opacidad de los conglomerados mediáticos y los límites de la soberanía regulatoria en el siglo XXI. El debate ya no es si la señal debe o no estar, sino cómo la sociedad chilena, desde sus ciudadanos hasta sus instituciones, se equipa para consumir, decodificar y cuestionar la información en un mundo donde las noticias son, cada vez más, una extensión de la geopolítica.