Chile y el debate sobre la difusión de encuestas electorales: ¿protección o desinformación?

El pulso electoral chileno enfrenta un desafío que va más allá de los candidatos y programas: el control y la difusión de las encuestas electorales en las semanas previas a las votaciones.

Desde hace años, la legislación chilena prohíbe la publicación de sondeos de opinión durante las dos semanas previas a una elección. Esta medida, que en su origen buscaba proteger al electorado de influencias indebidas, hoy se encuentra en el ojo del huracán, cuestionada por expertos, medios y ciudadanos que la consideran desfasada y contraproducente.

Rodrigo Durán Guzmán, analista político, sostiene que "mantener la prohibición de difundir encuestas electorales durante dos semanas en Chile no sólo es anacrónico, es contraproducente para la calidad democrática". Según Durán, en la era digital, donde la información circula instantáneamente y las redes sociales son el principal espacio de debate, silenciar las fuentes oficiales no evita la manipulación, sino que la traslada hacia canales menos confiables, alimentando rumores y fake news.

El ciclo electoral de 2025 ha mostrado con claridad esta paradoja: durante las semanas de silencio oficial, las redes sociales y plataformas digitales se llenaron de encuestas no verificadas, filtraciones y análisis especulativos que confunden más que informan.

Desde el sector político, las opiniones se dividen. Algunos sectores conservadores argumentan que la prohibición protege la integridad del voto, evitando presiones a último minuto y campañas de desinformación masiva. Sin embargo, voces progresistas y representantes de la sociedad civil demandan una revisión profunda de la normativa para adaptarla a los tiempos actuales.

La académica en comunicación política, María José López, señala: "El argumento histórico de proteger al votante pierde sentido cuando el debate ocurre minuto a minuto en múltiples plataformas. La transparencia y el acceso a datos oficiales permiten decisiones más informadas y responsables".

Además, la legislación vigente no solo limita la publicación de encuestas, sino que también restringe el acceso a información oficial durante este período, lo que deja un vacío informativo que es rápidamente llenado por fuentes no oficiales y, en ocasiones, malintencionadas.

En contraste, países de la región y del mundo han ido adaptando sus regulaciones, flexibilizando los plazos o estableciendo mecanismos de verificación y contextualización de las encuestas para fortalecer la confianza ciudadana.

El debate en Chile es también un reflejo de una tensión más amplia: cómo equilibrar la libertad de información con la necesidad de garantizar elecciones limpias y transparentes en un ecosistema digital hiperconectado.

Desde el Observatorio de Democracia Digital, su director Andrés Fuentes advierte: "La prohibición puede generar un efecto inverso, al empujar la información hacia canales oscuros y desregulados. La solución pasa por fortalecer la educación mediática y la regulación de la desinformación, no por silenciar datos".

¿Qué se puede concluir?

Primero, que la prohibición vigente en Chile ya no responde a la realidad comunicacional y tecnológica actual. Segundo, que su mantenimiento sin ajustes puede debilitar la calidad de la democracia, al generar incertidumbre y alimentar la desinformación. Tercero, que la discusión debe incorporar múltiples voces: desde expertos y políticos hasta ciudadanos y medios, para construir un marco normativo que promueva una democracia informada, transparente y resiliente.

En definitiva, Chile enfrenta una encrucijada donde la información y la regulación electoral se juegan un partido clave para la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema democrático.

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Fuentes:

- Carta de Rodrigo Durán Guzmán publicada en "La Tercera", 4 y 5 de noviembre de 2025.

- Análisis de académicos y expertos en comunicación política.

- Observatorio de Democracia Digital, declaraciones públicas 2025.

- Comparativas internacionales sobre regulación de encuestas electorales.