Gobierno acuerda devolución escalonada de cobros excesivos en la luz: un error que expone tensiones y desafíos regulatorios

En un episodio que ha puesto en jaque la confianza ciudadana en el sistema eléctrico y la gestión pública, el gobierno chileno, a través del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, ha confirmado un acuerdo para devolver a los usuarios los cobros excesivos detectados en las cuentas de la luz. El error en la fórmula tarifaria, vigente desde 2017, produjo una doble estimación del efecto inflacionario en el Precio Nudo Promedio (PNP), lo que se tradujo en cobros adicionales a los hogares y empresas.

Este fallo, revelado a mediados de 2025, desencadenó un proceso complejo y cargado de controversias. El monto total a devolver supera los US$ 200 millones, combinando los sobrecobros de las generadoras y la empresa transmisora Transelec, que reconoció una "sobrevaloración de su capital" y acordó compensar a los clientes.

El mecanismo de devolución, anunciado por García, se realizará a partir del 1 de enero de 2026 y se extenderá durante seis meses, con un promedio de restitución de $2.000 mensuales por hogar, ajustados con intereses. Este proceso se realizará mediante ajustes en las boletas eléctricas, conforme a la normativa vigente que obliga a hacer estas correcciones en el marco del proceso tarifario anual.

Sin embargo, la historia no ha transcurrido sin fricciones. Las generadoras inicialmente anunciaron un acuerdo, pero luego negaron haber negociado, lo que generó un cruce público con el gobierno. García respondió que, más allá de las formas, lo importante es que las empresas devuelvan los recursos que no les correspondían. "Si ellos no quieren llamar acuerdo a eso, yo no tengo problemas. Lo importante es que devuelvan la plata", afirmó el biministro.

Esta situación ha puesto en evidencia no solo la complejidad técnica del sistema tarifario eléctrico chileno, sino también la fragilidad de la institucionalidad y la transparencia en la relación entre reguladores, empresas y consumidores. Por ejemplo, la consultora Valgesta Nueva Energía publicó un informe que cuestionaba el monto real cobrado en exceso, estimándolo en US$ 2 millones y no en la cifra oficial de US$ 115 millones, lo que fue rechazado por el gobierno y generó un debate sobre la interpretación de datos y la comunicación pública.

Desde el sector gremial, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) llamó a manejar con responsabilidad la información para evitar alarmas infundadas, explicando que la mayoría de la deuda acumulada corresponde a períodos de congelamiento tarifario y que la mayor parte de esos montos todavía no ha sido pagada por los consumidores, sino que está diferida para ser cobrada entre 2028 y 2034.

Este entramado ha generado una disonancia cognitiva en la opinión pública: por un lado, la certeza del cobro injusto y la necesidad de restitución; por otro, la percepción de que el monto y el impacto real son menores y que la devolución se realizará de manera fragmentada y tardía.

En el plano político, el episodio ha tensionado al oficialismo y ha motivado críticas y demandas de mayor rapidez en la devolución, incluyendo propuestas de "ley corta" para adelantar los pagos, que hasta la fecha han sido descartadas por el gobierno debido a la complejidad legislativa y el calendario electoral.

"Sería iluso pensar que una ley corta pueda aprobarse antes de enero", reconoció García, enfatizando que la prioridad es cumplir con la ley y evitar judicializaciones que retrasen aún más el proceso.

Finalmente, el biministro anunció la intención de convocar a un grupo plural y técnico para revisar el sistema regulatorio eléctrico en profundidad, con el fin de corregir las fallas que permitieron este error y fortalecer la institucionalidad para prevenir futuros episodios similares.

Conclusiones

La devolución de cobros excesivos en las cuentas de la luz en Chile no es solo un problema económico, sino un espejo que refleja tensiones entre el diseño regulatorio, la transparencia en la gestión pública y privada, y las expectativas ciudadanas de justicia y eficacia. El proceso de restitución, aunque ya en marcha, llega con un sabor agridulce: la plata se devolverá, pero en cuotas y con demoras, mientras persisten dudas y desconfianzas.

Este caso invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de sistemas tarifarios más claros, mecanismos de supervisión más robustos y canales efectivos de comunicación con la ciudadanía, para evitar que errores técnicos se traduzcan en crisis de confianza y desgaste institucional.

En última instancia, la tragedia ajena de este "coliseo" tarifario ha dejado lecciones para todos los actores involucrados y para el país, que debe mirar hacia adelante con la urgencia de reparar no solo las cuentas, sino también la credibilidad y la justicia en un servicio esencial.