Megatoma de San Antonio: El reloj judicial y social que desafía al Estado chileno

En el Cerro Centinela de San Antonio, un drama que comenzó hace más de seis años ha llegado a un punto crítico. Más de 10 mil personas, distribuidas en unas 4 mil familias, ocupan aproximadamente 260 hectáreas de terreno privado, en una toma que se ha convertido en la mayor del país. La justicia ha dictado una orden de desalojo que debe ejecutarse antes del 4 de diciembre de 2025, tras un fallo firme y reiterado que ha atravesado distintas instancias judiciales.

Este plazo, impuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ha tensionado a todos los actores involucrados. El Estado debe cumplir la ley, pero enfrenta un desafío logístico y social mayúsculo: habilitar albergues transitorios para las familias afectadas y evitar que miles de niños queden en la calle. La Municipalidad de San Antonio ha declarado no contar con recursos ni infraestructura suficiente para enfrentar la magnitud del proceso, mientras que el gobierno central ha prometido agotar esfuerzos para evitar desalojos traumáticos.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha expresado su voluntad de buscar alternativas al desalojo, pero reconoce la presión del tiempo y la necesidad de cumplir con la autoridad judicial. En paralelo, la Delegación Presidencial regional ha comenzado a organizar la implementación operativa del desalojo, con un plan que contempla cuadrículas y albergues para grupos pequeños durante un proceso paulatino.

Desde el lado de los propietarios, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. reclama el respeto irrestricto al fallo judicial y acusa al gobierno de dilatar el proceso para dejar el problema a la próxima administración. Su abogado, Diego Pereira, ha sido enfático: "No hay excusas para seguir demorando el desalojo; la ley debe cumplirse y el respeto al derecho de propiedad restablecerse". La empresa espera retomar proyectos inmobiliarios, viales y de ampliación del cementerio que quedaron truncos por la ocupación ilegal.

En el plano político, la megatoma ha sido un tema recurrente en la campaña presidencial. Los candidatos coinciden en la necesidad de cumplir la orden judicial, pero difieren en el énfasis y en las propuestas para evitar que situaciones similares se repitan. La candidata oficialista Jeannette Jara ha emplazado al gobierno a actuar con urgencia y responsabilidad, mientras que el abanderado republicano José Antonio Kast ha criticado la gestión actual por la dilación y la falta de recursos. Otros candidatos han puesto el foco en la protección de la infancia y la necesidad de soluciones habitacionales integrales.

Este conflicto pone en escena la tensión clásica entre el Estado de derecho y las demandas sociales urgentes. Más de 3 mil niños están en riesgo de quedar sin hogar en un escenario que combina vulnerabilidad social, presión judicial y limitaciones institucionales. Las negociaciones entre gobierno, municipio y propietarios han sido infructuosas, y la mesa técnica creada para buscar soluciones no logró acuerdos concretos.

La megatoma de San Antonio es, en definitiva, un espejo de la crisis habitacional que afecta a Chile desde hace años y que ha encontrado en la toma un síntoma visible y complejo. La urgencia por cumplir la ley se cruza con la necesidad de evitar una catástrofe social. La historia está en su último capítulo, pero las consecuencias de cómo se resuelva serán lecciones para el país entero.

Perspectivas en pugna:
- Desde el Estado: imperativo legal y obligación constitucional de cumplir sentencias, con la dificultad de garantizar condiciones dignas de reubicación.
- Desde los propietarios: defensa del derecho de propiedad y frustración por la dilación y falta de acción gubernamental.
- Desde los pobladores: miedo a la pérdida del hogar y demanda de soluciones habitacionales reales, no solo temporales.
- Desde la política: consenso en la necesidad de desalojar, pero divergencias en la manera y en las responsabilidades.

Conclusión: La megatoma de San Antonio es un conflicto emblemático que no solo desafía la capacidad institucional para ejecutar una orden judicial, sino que expone las profundas carencias del sistema habitacional chileno. La tensión entre legalidad y justicia social se hace palpable en cada declaración, en cada reunión y en cada día que pasa. El desalojo es inminente, pero cómo se haga marcará la memoria política y social del país en los años venideros.

Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, BioBioChile.