
Un récord sin precedentes. En septiembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 32 proyectos de inversión por un monto total de US$8.687 millones, la cifra más alta desde que se inició el registro en 1993. Este hito supera incluso el récord previo de agosto de 2018, cuando se aprobaron iniciativas por US$8.200 millones. En conjunto, durante la administración del presidente Gabriel Boric, se han despachado proyectos ambientales por más de US$75.000 millones, consolidando un impulso sin igual en la historia reciente del país.
Los protagonistas del boom. La aprobación masiva recayó principalmente en los sectores de energía y minería, que concentraron cerca de US$7.000 millones. Destacan las modificaciones operacionales en Minera Escondida, con una inversión de US$2.351 millones, y el Parque Fotovoltaico Solar Oriente, con US$990 millones. La Región de Antofagasta fue la gran beneficiada, con casi US$5.000 millones en proyectos aprobados durante el mes, reflejando la persistente centralidad del norte en la matriz productiva chilena.
Perspectivas contrapuestas. Desde el ámbito económico, este récord es celebrado como un motor de crecimiento, generación de empleo y desarrollo regional. La rapidez en la tramitación ambiental -con 24 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) aprobadas en menos del promedio nacional de 402 días- es vista como un signo de eficiencia y confianza para los inversionistas.
Sin embargo, voces ambientalistas y sociales advierten sobre los riesgos de un crecimiento acelerado sin una evaluación crítica de las externalidades. 'La cantidad no puede superar la calidad del análisis ambiental. La presión por acelerar procesos puede derivar en impactos irreversibles para ecosistemas y comunidades', señala Ana Gómez, experta en políticas ambientales de Fundación Terram.
La tensión entre desarrollo y sustentabilidad se instala con fuerza en este escenario. Mientras las autoridades destacan la contribución de estos proyectos a la recuperación económica post-pandemia y a la transición energética, sectores críticos llaman a reforzar la fiscalización y la participación ciudadana para evitar que el récord de inversiones se traduzca en un récord de conflictos sociales y degradación ambiental.
Conclusiones que quedan sobre la mesa. El récord histórico en aprobación de proyectos ambientales es un termómetro de la vitalidad económica del país, especialmente en sectores clave como minería y energía. No obstante, la velocidad y volumen de estos procesos exigen un debate profundo sobre la gobernanza ambiental, la justicia territorial y la capacidad de Chile para equilibrar desarrollo y protección de sus recursos naturales.
En definitiva, este récord abre un desafío mayúsculo: cómo aprovechar la ventana de oportunidad económica sin sacrificar la sustentabilidad ni la cohesión social, en un país donde la demanda por justicia ambiental y territorial se hace cada vez más urgente y sonora.