El Archipiélago de la Desconfianza: Cuando los Escándalos Aislados Dibujan un Problema Sistémico

Inicio Contextualizado: La Gota que Rebalsó el Vaso

Lo que comenzó a fines de mayo como un informe de la Contraloría General de la República sobre funcionarios públicos que viajaban al extranjero durante sus licencias médicas, ha madurado en los últimos meses hasta convertirse en la radiografía de una dolencia más profunda y extendida. Lejos de ser un hecho aislado, aquel informe fue la primera pieza de un dominó que ha ido cayendo progresivamente, revelando un patrón de conductas que atraviesa todo el espectro del Estado chileno y que hoy configura una severa crisis de confianza institucional y ética pública.

Pasados más de 60 días desde las primeras revelaciones, la acumulación de casos —desde un consultorio en Pemuco hasta los pasillos del Congreso y la cúpula del Ministerio Público— ha obligado a la opinión pública y a la clase política a dejar de verlos como islas inconexas para empezar a reconocerlos como un archipiélago de la desconfianza: un conjunto de escándalos que, juntos, dibujan un problema sistémico.

Desarrollo Analítico: De la Licencia Médica a la Crisis Estructural

La evolución de la crisis ha sido vertiginosa y multifacética. El caso inicial de los 25.078 funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica entre 2023 y 2024 fue el catalizador. Pronto, la estadística abstracta adquirió rostros y contextos concretos. En la comuna de Pemuco, región de Ñuble, los siete médicos del CESFAM local presentaron licencias médicas, cinco de ellas emitidas entre ellos mismos, presuntamente como represalia por la eliminación de un bono. Este evento, de carácter local, demostraba cómo un instrumento de protección social podía ser utilizado como herramienta de presión, afectando directamente la atención de salud de miles de personas.

El patrón se replicó en distintas escalas. Se conoció el caso de la exdelegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez (FA), quien viajó a Argentina durante una licencia psiquiátrica. Su justificación —que el viaje era parte de su tratamiento al alejarla del foco de estrés— abrió un debate sobre los límites y la fiscalización de los reposos médicos, especialmente en el caso de altas autoridades.

El foco se trasladó luego al Poder Legislativo. Un reportaje reveló que las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN) utilizaron una combinación de certificados médicos, permisos sin goce de sueldo y semanas distritales para realizar viajes personales al extranjero, eludiendo descuentos significativos en sus dietas parlamentarias. Este caso fue particularmente sensible, pues no solo evidenció el uso de resquicios legales, sino que también demostró que estas prácticas no son exclusivas de un sector político, alimentando la percepción de una clase política desconectada y con privilegios.

La crisis no se detuvo ahí. El Ministerio de Salud confirmó que iniciaría 1.908 sumarios a funcionarios de la red pública de salud por el mismo motivo, mientras otro informe de la Compin detectó que 1.470 médicos emitieron más de 30.000 licencias mientras ellos mismos estaban con reposo. Simultáneamente, emergieron otros escándalos que, si bien no estaban directamente relacionados con licencias, reforzaban la narrativa de la falta de probidad: el vencimiento de cinco millones de dosis de vacunas contra el Covid y la influenza, con una pérdida económica millonaria y un fuerte cuestionamiento a la gestión del Minsal; o la adjudicación por parte de la Municipalidad de Providencia de un show de drones por $36,6 millones mediante trato directo, eludiendo la licitación pública.

El golpe más profundo al sistema, sin embargo, provino de la esfera judicial. En el marco del Caso Hermosilla, se reveló que el exfiscal Manuel Guerra habría compartido con el abogado Luis Hermosilla información reservada de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). Este hecho conectó la crisis actual con la larga historia de casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, sugiriendo que la porosidad ética alcanza incluso a las instituciones encargadas de perseguir el delito.

Perspectivas Contrastadas: Reacciones y Justificaciones

Las reacciones han sido tan diversas como los escándalos mismos.

• Desde el oficialismo y las instituciones aludidas, la respuesta ha sido anunciar investigaciones, sumarios y la promesa de sanciones ejemplares. El discurso se ha centrado en individualizar las responsabilidades, hablando de "malas prácticas" que deben ser erradicadas, pero evitando un diagnóstico de falla sistémica. Figuras como la exdelegada Bermúdez o las diputadas Hertz y Ossandón han ofrecido justificaciones que apelan a la legalidad de sus actos o a interpretaciones de la norma, lo que ha chocado con la percepción ciudadana de un abuso de privilegio.

• La oposición política, por su parte, ha capitalizado la crisis para criticar al gobierno, aunque con matices, dado el carácter transversal de los involucrados. Han exigido renuncias, como la de la subsecretaria de Salud Pública, y han anunciado acciones legales ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Sin embargo, el caso de las diputadas de distintos colores políticos ha limitado la capacidad de apuntar culpas de manera unívoca, forzando un discurso más centrado en la necesidad de reformas legales.

• Expertos en probidad y analistas han señalado que estos eventos exponen las debilidades estructurales del Estado chileno: una legislación con vacíos, mecanismos de fiscalización insuficientes (como el rol de la Compin o los controles internos del Congreso) y una cultura donde la línea entre lo legal y lo ético es difusa. Advierten que sin reformas profundas, los sumarios y sanciones individuales serán meros paliativos.

Contexto y Estado Actual: Un Debate Abierto

Esta seguidilla de escándalos no ocurre en el vacío. Se enmarca en un contexto de desconfianza crónica de la ciudadanía hacia las instituciones, documentada por diversas encuestas en la última década. Lo novedoso es la concentración y visibilidad de casos en un corto período, que han creado una tormenta perfecta.

A dos meses de las primeras noticias, el tema está lejos de cerrarse. Las investigaciones administrativas y penales siguen su curso. En el Congreso se discuten proyectos para endurecer las sanciones y cerrar los resquicios legales sobre la dieta y la asistencia parlamentaria. La Contraloría ha intensificado su rol fiscalizador, y la opinión pública permanece vigilante.

El "Archipiélago de la Desconfianza" ha dejado de ser una metáfora para convertirse en un diagnóstico. La pregunta que queda abierta es si esta crisis será el catalizador para una reforma profunda de la ética y la probidad en el Estado chileno, o si, una vez que pase la tormenta mediática, las islas volverán a su aparente y engañosa quietud, esperando la próxima marea.