Desalojo de Toma Dignidad: El fin de una ocupación marcada por tragedia y resistencia
En la comuna de La Florida, la denominada Toma Dignidad, asentamiento irregular que congregó a casi 200 familias y más de 600 personas, fue desalojada completamente entre octubre y noviembre de 2025. Este proceso, que concluyó después de un año y medio de planificación y ejecución, puso fin a una ocupación que se instaló en 2020 en una franja de 30 metros a la ribera norte de la Quebrada de Macul, declarada oficialmente como zona de alto riesgo aluvional y de incendio.
La cronología de un desalojo anunciado
El 9 de octubre comenzó el operativo de desalojo con un despliegue policial y municipal sin precedentes en la Región Metropolitana, que contó con la presencia de cerca de 800 efectivos entre Carabineros y funcionarios municipales. Desde temprano, equipos de diálogo intentaron persuadir a los habitantes para que abandonaran pacíficamente el terreno, aunque no faltaron incidentes aislados, como barricadas, lanzamiento de piedras y un incendio controlado que afectó algunas viviendas desocupadas.
El delegado presidencial Gonzalo Durán afirmó que "el proceso se ha desarrollado con bastante normalidad, y la colaboración de la mayoría ha permitido acelerar el desarme y retiro de estructuras". Sin embargo, la dirigenta María Carimán y otros pobladores denunciaron que los subsidios de arriendo prometidos a las familias aún no se habían concretado en el momento del desalojo, lo que alimentó la desconfianza y resistencia de algunos vecinos.
Voces enfrentadas: entre la legalidad y la urgencia social
Desde la municipalidad, el alcalde Daniel Reyes destacó que el desalojo era "histórico y necesario" para resguardar la seguridad de la comuna y recuperar un terreno marcado por la tragedia de 1993, cuando 26 personas fallecieron en una catástrofe aluvional. Reyes subrayó que se entregaron más de 50 subsidios de arriendo y se habilitó un albergue para quienes no calificaron, aunque este último no fue utilizado.
"Tenemos el deber moral y legal de recuperar este espacio para los floridanos y transformar este punto de dolor en un parque de esperanza", afirmó la autoridad, quien anunció que el terreno será acondicionado para impedir futuras ocupaciones ilegales mediante barreras físicas y vigilancia aérea con drones.
Por otro lado, dirigentes sociales y pobladores denunciaron que muchas familias no pudieron acceder a subsidios por requisitos de vulnerabilidad o situación migratoria irregular. Además, se acusó que algunos subsidios fueron mal utilizados, con beneficiarios que arrendaban sus viviendas oficiales mientras habitaban en la toma, situación que está siendo investigada por el Serviu Metropolitano.
Más allá de las personas: el rescate de las mascotas y el futuro del terreno
Un capítulo poco visible pero significativo fue el rescate y atención veterinaria de los más de 200 animales domésticos que habitaban en la toma, principalmente perros y gatos. La municipalidad y organizaciones voluntarias lograron rescatar a más de 120 perros y 90 gatos, impulsando campañas de adopción y hogares temporales. Esta dimensión animal del desalojo reflejó el impacto humano y social profundo que procesos como este generan.
En cuanto al futuro del terreno, las autoridades confirmaron que el espacio será destinado a la construcción de un parque público, proyecto que ya registra un avance cercano al 80% en la ribera sur y que busca convertir un espacio de riesgo y conflicto en un área de encuentro y seguridad para la comunidad.
Constataciones finales
El desalojo de la Toma Dignidad representa una compleja intersección entre la legalidad, la seguridad pública y las urgentes necesidades habitacionales de sectores vulnerables. Los hechos confirman que la ocupación se desarrolló en una zona de alto riesgo, con antecedentes trágicos y problemas de violencia y crimen organizado que afectaron a sus habitantes y vecinos.
Al mismo tiempo, la entrega de subsidios habitacionales y el acompañamiento social fueron parciales y con dificultades, evidenciando brechas en las políticas públicas para abordar situaciones de precariedad extrema y migración irregular. La resistencia de algunos pobladores y las denuncias sobre el mal uso de beneficios apuntan a la necesidad de mejorar mecanismos de apoyo y control.
Finalmente, el proceso deja una lección sobre la importancia de combinar medidas de seguridad y orden público con un enfoque integral que considere la dimensión social, humana y ambiental, para evitar que tragedias como la de la Quebrada de Macul se repitan y que las soluciones habitacionales sean efectivas y justas.
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Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, BioBioChile, Municipalidad de La Florida, declaraciones oficiales del alcalde Daniel Reyes y delegado presidencial Gonzalo Durán.