Estados Unidos intensifica ataques letales en el Pacífico contra narcolanchas: una guerra sin fronteras ni juicios

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha lanzado una campaña militar sin precedentes en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Hasta el 30 de octubre se han confirmado al menos 14 operaciones letales que han dejado más de 60 muertos, en su mayoría civiles a bordo de pequeñas embarcaciones conocidas como narcolanchas.

El epicentro de esta ofensiva se desplazó desde el Caribe hacia el Pacífico oriental, donde se han registrado ataques frente a las costas de Colombia, México y Ecuador. El 22 de octubre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la extensión de la campaña con un ataque en aguas internacionales cerca de Colombia, que dejó dos muertos. Desde entonces, la intensidad de las operaciones se ha incrementado, con ataques consecutivos que han causado entre tres y cuatro muertes por acción, como el ocurrido el 30 de octubre, donde murieron cuatro tripulantes.

Una narrativa oficial marcada por la guerra y la amenaza terrorista

El gobierno estadounidense justifica estas acciones bajo la premisa de combatir a "narcoterroristas" vinculados a organizaciones terroristas designadas. Hegseth ha declarado que "estos narcotraficantes son la Al Qaeda de nuestro hemisferio" y que "no habrá refugio ni perdón, solo justicia". El presidente Donald Trump ha reiterado que la campaña es una cuestión de seguridad nacional, argumentando que el narcotráfico mata a cientos de miles de estadounidenses cada año y que estas operaciones son necesarias para proteger las fronteras.

Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por expertos y actores regionales. No se han presentado pruebas públicas que vinculen a los tripulantes de las embarcaciones atacadas con actividades terroristas, ni se ha informado sobre procesos judiciales previos a los ataques extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos han denunciado violaciones a la soberanía y a los derechos fundamentales de los civiles afectados.

Voces encontradas: desde la defensa de la seguridad hasta la crítica por la soberanía

En Washington, senadores de ambos partidos han expresado su preocupación por la legalidad y el alcance de estas operaciones, pues la administración Trump ha invocado una ley de los años 70 para actuar sin autorización del Congreso, declarando un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de droga.

En contraste, el gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, ha rechazado las acciones unilaterales de Estados Unidos, calificando los ataques como una violación de la soberanía nacional. Petro ha acusado a Trump de ser "grosero e ignorante" y ha advertido que la suspensión de la ayuda financiera estadounidense podría afectar la cooperación antidrogas. La tensión diplomática escaló hasta el punto que Trump llamó "matón" y "mal tipo" a Petro en una conferencia de prensa.

Impacto regional y consecuencias visibles

Las operaciones han generado una crisis humanitaria silenciosa en las zonas costeras del Pacífico y Caribe latinoamericanos. Se han reportado decenas de muertos civiles, incluyendo tripulantes que no han sido identificados públicamente ni sometidos a juicio. Además, la militarización de la región con el despliegue de miles de soldados, submarinos nucleares y decenas de buques de guerra ha aumentado la tensión en un área ya marcada por conflictos sociales y narcotráfico.

Especialistas en seguridad advierten que esta estrategia podría fortalecer a los cárteles al provocar desplazamientos y fragmentación de las redes criminales, mientras que la ausencia de procesos judiciales y transparencia alimenta la desconfianza y el resentimiento en la región.

Constataciones finales

La campaña militar estadounidense contra las narcolanchas en el Pacífico y Caribe representa un cambio radical en la lucha antidrogas, con un uso explícito de la fuerza letal en aguas internacionales sin procesos judiciales previos. Aunque el gobierno de EE.UU. sostiene que protege su seguridad nacional, la ausencia de pruebas públicas, la escalada de muertes civiles y la tensión diplomática con países vecinos plantean serias dudas sobre la eficacia y legitimidad de esta estrategia.

Este conflicto, que se desarrolla lejos de los reflectores mediáticos habituales, revela una compleja y controversial dimensión de la guerra contra las drogas, donde los límites entre seguridad, soberanía y derechos humanos se encuentran profundamente tensionados. La historia aún está en curso, pero las consecuencias ya son palpables en el hemisferio.

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Fuentes consultadas: La Tercera, El País, BBC News Mundo, Deutsche Welle, declaraciones oficiales del Departamento de Defensa de EE.UU., análisis de expertos en seguridad regional y derechos humanos.