
El macabro entramado detrás del asesinato de Krishna Aguilera ha quedado al descubierto tras semanas de investigación y formalizaciones judiciales. El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado enterrado en un sector de Calera de Tango, luego de 22 días desaparecida. La causa, que conmocionó a San Bernardo y sus alrededores, ha puesto en evidencia una red de violencia, narcotráfico y control social que opera en la periferia metropolitana.
Juan Beltrán, conocido como “Guatón Beltrán”, es el principal imputado y presunto autor intelectual del secuestro con homicidio. Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, su estructura delictual incluye a mujeres jóvenes, algunas menores de edad y en situación vulnerable, quienes eran utilizadas como "soldados" para la venta de drogas en inmuebles tomados. Krishna Aguilera, que tuvo una relación sentimental con Beltrán, formó parte de ese círculo.
El plan para eliminar a Krishna se fue gestando desde septiembre, motivado por una venganza personal: el robo de un vehículo con droga y dinero, del que Beltrán acusó a la joven y otros conocidos. La madrugada del 5 de octubre, la joven fue llevada a un local nocturno y luego a un inmueble donde fue brutalmente agredida y asfixiada. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en una fosa preparada en el cerro Chena, en Calera de Tango.
La Fiscalía formalizó a cuatro personas —incluyendo a la pareja de Beltrán, su madre, y una adolescente de 17 años— por secuestro con homicidio. Tres adultos permanecen en prisión preventiva, mientras que la menor está internada provisionalmente. “Este es un estándar altísimo para un delito de estas características”, afirmó el fiscal Marcos Pastén, destacando la calidad de la investigación basada en pruebas científicas, seguimiento de cámaras y georreferenciación.
Por otro lado, la defensa de uno de los imputados, José Montecinos, sostiene que su cliente desconocía el contenido del bulto que trasladó y que colaboró con la investigación al aportar datos para encontrar el cuerpo. El abogado querellante Pedro Díaz valoró que la prisión preventiva facilite el avance de la investigación sin interferencias.
Cristal Aguilera, hermana de la víctima, ha sido una figura central en la lucha por esclarecer el caso. “Yo voy a seguir trabajando para que las personas que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen”, declaró con una mezcla de determinación y resignación. Su testimonio revela la tensión entre el temor familiar y la necesidad de justicia sin concesiones.
Además, la familia cuestionó la demora en la investigación y el hallazgo tardío del cuerpo, un reclamo que resuena en la comunidad y en sectores críticos del sistema judicial y policial.
Este caso desnuda la complejidad de la violencia que afecta a sectores vulnerables de la Región Metropolitana, donde el narcotráfico y las redes criminales conviven con la precariedad social. El entramado de relaciones sentimentales, familiares y delictivas complica la persecución penal y la protección de víctimas.
La dispersión de los detenidos en distintos recintos penitenciarios, bajo estrictas medidas de seguridad, refleja la gravedad del caso y el riesgo de coordinación entre imputados. Sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de políticas integrales de prevención y rehabilitación.
Desde la esfera pública, el caso ha impulsado debates sobre la efectividad de las investigaciones, la protección de jóvenes en situación de vulnerabilidad y la respuesta del Estado frente a delitos de alta connotación social.
El crimen de Krishna Aguilera no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales que requieren atención profunda y sostenida. La tragedia ha convocado a distintos actores —familiares, autoridades, organizaciones sociales y expertos— a reflexionar sobre las raíces de la violencia y las formas de construir justicia más allá de la cárcel.
En este coliseo donde se enfrentan el dolor, la impunidad y la búsqueda de verdad, la historia de Krishna Aguilera permanecerá como un llamado urgente a no olvidar ni normalizar la violencia que atraviesa a tantas comunidades en Chile.