
El rechazo casi total del proyecto de Presupuesto 2026 en la comisión mixta de Presupuestos ha dejado al Gobierno en una posición inédita y sumamente compleja. El 29 de octubre de 2025, 24 partidas clave del erario fiscal fueron rechazadas en bloque, incluyendo sectores estratégicos como Salud, Trabajo, Educación y Obras Públicas. Este escenario, sin precedentes desde el retorno a la democracia, refleja no solo un desencuentro técnico, sino un choque político que trasciende la discusión presupuestaria y abre interrogantes sobre la gobernabilidad en un año electoral decisivo.
El proceso comenzó con la entrega formal del proyecto a fines de septiembre y la esperada etapa de negociación en la comisión mixta. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que la falta de voluntad para un diálogo efectivo marcaría la pauta. La oposición, cuestionando la opacidad en las cifras y la inconsistencia en el cálculo del reajuste de remuneraciones del sector público, optó por rechazar masivamente las partidas, mientras el Ejecutivo acusaba falta de disposición para acordar.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la votación como "un mal resultado para el país" y expresó su confianza en la posibilidad de alcanzar acuerdos posteriores, aunque reconoció que "se está perdiendo tiempo en llegar a ese acuerdo". Desde la oposición, en tanto, se criticó la falta de transparencia y la sobreestimación de ingresos fiscales, señalando que el proyecto parte de una base equivocada que podría elevar la deuda pública más allá del límite prudencial del 45% del PIB.
Desde la mirada oficialista, el proyecto de Presupuesto busca mantener un déficit estructural controlado (1,1% del PIB) y priorizar la inversión pública para reactivar la economía. Sin embargo, la realidad ha mostrado un incumplimiento sostenido de metas fiscales, con un desequilibrio estructural que podría alcanzar el 2,2% del PIB, duplicando las estimaciones iniciales.
Para la oposición, la propuesta no solo es irrealista sino peligrosa, pues ignora el verdadero costo del reajuste salarial y no contempla un recorte adecuado del gasto, lo que pone en riesgo la estabilidad fiscal. La propuesta republicana de recortar US$ 2.000 millones fue rechazada por el Ejecutivo por considerar que afectaría programas sociales esenciales.
En regiones, la incertidumbre sobre la continuidad y financiamiento de proyectos clave, especialmente en infraestructura y servicios públicos, ha generado inquietud. Sectores como salud y educación, ya tensionados por demandas sociales, enfrentan ahora la amenaza de recortes o paralizaciones.
Una dirigente de la Asociación de Funcionarios Públicos de la Araucanía comentó: "Este rechazo masivo genera una sensación de abandono y desconfianza, ya que los servicios esenciales podrían verse comprometidos justo cuando la ciudadanía más los necesita".
A nivel social, la fractura política se refleja en la percepción ciudadana de un Congreso paralizado y un Ejecutivo debilitado, lo que alimenta la desafección y la incertidumbre ante un proceso electoral que definirá el rumbo del país.
El rechazo en la comisión mixta obliga a que el proyecto sea revisado nuevamente en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, con un plazo límite hasta el 29 de noviembre para su aprobación definitiva. El riesgo de no alcanzar un acuerdo es la vigencia automática del proyecto original del Ejecutivo, lo que podría profundizar la crisis política y fiscal.
Este episodio expone la tensión entre la necesidad de responsabilidad fiscal y las demandas sociales y políticas en un contexto de polarización creciente. La incapacidad de diálogo en la comisión mixta no solo retrasa la aprobación presupuestaria, sino que pone en evidencia la fragilidad del sistema político para enfrentar desafíos estructurales.
En suma, el rechazo masivo al Presupuesto 2026 es un síntoma de un conflicto más profundo: la dificultad de construir consensos en un Chile atravesado por divisiones políticas, sociales y económicas. La resolución de esta crisis requerirá no solo ajustes técnicos, sino un compromiso genuino de los actores políticos para priorizar el interés nacional por sobre las disputas electorales.
---
Fuentes: Diario Financiero, Cooperativa, declaraciones oficiales del Ministerio de Hacienda, entrevistas con dirigentes sindicales y análisis de expertos en finanzas públicas.