La polarización en torno a los funcionarios públicos: un choque que trasciende la campaña presidencial

El escenario político chileno ha vivido en las últimas semanas un enfrentamiento que ha ido más allá de la competencia electoral para instalar un debate profundo sobre el rol, la valoración y la percepción social de los funcionarios públicos.

Desde finales de octubre y durante la primera semana de noviembre de 2025, la campaña presidencial de Evelyn Matthei, con el respaldo de sectores de Chile Vamos y Demócratas, endureció su discurso contra el gobierno actual y sus funcionarios, calificándolos con términos como "incapaces", "indolentes" y, en declaraciones del jefe de campaña Diego Paulsen, llegando a llamarlos "tropa de atorrantes". Este lenguaje, lejos de ser un simple intercambio de críticas, puso en el centro del debate la imagen de quienes trabajan en el Estado y desató una reacción inmediata en la oposición y en amplios sectores de la sociedad civil.

El senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas y figura clave en la coalición opositora, fue claro en su reproche: "Ni los funcionarios públicos son parásitos ni el gobierno es una tropa de atorrantes". Walker no solo rechazó las descalificaciones, sino que también advirtió sobre el riesgo de que el lenguaje agresivo socave la cohesión política y la confianza ciudadana en las instituciones.

Este cruce no solo es un episodio aislado de campaña. Refleja, en realidad, una tensión profunda que arrastra el sistema político chileno desde hace décadas: la desconfianza en la función pública, la percepción de ineficiencia estatal y la politización de la administración pública. La campaña de Matthei buscó capitalizar un descontento social con la burocracia, pero encontró resistencia incluso dentro de su propio bloque, que teme que el discurso radical aleje a sectores moderados y a la clase media urbana.

En paralelo, la oposición enfrenta un dilema estratégico: mientras Matías Walker y Demócratas llaman a cuidar el lenguaje para garantizar gobernabilidad y diálogo, otros sectores más duros de la coalición, como los Amarillos y parte del Frente Amplio, defienden un discurso más confrontacional para marcar distancias claras con el gobierno y atraer a un electorado desencantado.

Desde una perspectiva regional, el impacto de este enfrentamiento discursivo también es desigual. En zonas donde la función pública es uno de los principales empleadores, como en regiones del sur y norte, las descalificaciones han generado malestar y protestas de funcionarios. En Santiago y otras grandes ciudades, en cambio, el debate ha sido captado más como un choque político que como un ataque directo.

Un dirigente sindical de funcionarios públicos en la Región de Los Lagos comentó: "Nos sentimos atacados no solo como trabajadores, sino como parte de un Estado que debe servir a la ciudadanía. Estas palabras dañan la moral y la imagen pública de nuestro trabajo diario".

Históricamente, la relación entre políticos y funcionarios ha oscilado entre la colaboración y el conflicto, pero la actual campaña ha puesto en evidencia que este vínculo sigue siendo frágil y susceptible a la instrumentalización electoral.

Desde el punto de vista de la opinión pública, encuestas recientes muestran una percepción dividida: un 45% de los ciudadanos reconoce problemas de eficiencia en la administración pública, pero un 50% rechaza los calificativos despectivos hacia los trabajadores estatales, evidenciando una disonancia cognitiva que los partidos políticos deben manejar con cuidado.

En definitiva, este episodio deja en claro que el debate sobre la función pública en Chile no puede reducirse a eslóganes de campaña ni a ataques personales. La administración estatal es un pilar fundamental para la gobernabilidad y el bienestar social, y su fortalecimiento requiere diálogo, respeto y reformas profundas que trasciendan la retórica electoral.

Las consecuencias visibles ya se están manifestando: una mayor polarización social, desgaste político en los comandos presidenciales y una creciente presión para que los partidos articulen propuestas claras y constructivas sobre el Estado y sus trabajadores.

El desafío para la política chilena es, entonces, superar el ruido y construir una narrativa que reconozca las complejidades del sector público, valore su aporte y promueva una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía, evitando que el ciclo de descalificaciones dañe irreparablemente la confianza democrática.

Fuentes consultadas para este análisis incluyen reportes de La Tercera (29 octubre y 6 noviembre 2025), declaraciones públicas de Matías Walker, testimonios sindicales regionales y encuestas de opinión ciudadana realizadas en noviembre de 2025.