Gremios en Chile enfrentan tensiones internas y externas por reformas tributarias y ambientales: un choque de intereses y visiones

Un choque de fuerzas se ha instalado en el escenario gremial chileno durante las últimas semanas, donde los intereses económicos, las reformas legales y la presión política se enfrentan en un escenario que revela profundas tensiones entre sectores productivos, autoridades y gremios.

La controversia más reciente gira en torno a la reforma tributaria que el Gobierno planea presentar a fines de diciembre de 2024, y que ha generado una división palpable entre las organizaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME). Por un lado, la mayoría de gremios sentados a la mesa de negociación con Hacienda están dispuestos a cerrar un acuerdo que modifica el esquema de tributación para las PYME, migrando desde el régimen PYME tradicional hacia un régimen transparente, donde las utilidades tributan a nivel de los socios y no directamente en la empresa. Además, se ha propuesto un régimen especial para emprendimientos iniciales, el denominado "monotributo", que busca simplificar la carga tributaria durante los primeros años de operación.

Sin embargo, voces disidentes como la Multigremial Nacional y la Confederación del Comercio Detallista y Turismo (Confedech) han elevado la presión sobre el Congreso, enviando cartas públicas para advertir que el proyecto incumple compromisos previos, especialmente en cuanto a la tasa del Impuesto de Primera Categoría, que podría escalar hasta el 25%. Estas agrupaciones critican además la complejidad creciente del sistema tributario, que se ve agravada por la coexistencia de múltiples regímenes y la incorporación de nuevos esquemas que, a su juicio, no simplifican sino que enredan aún más la tributación para las PYME.

En paralelo, los gremios empresariales de mayor peso han manifestado sus preocupaciones respecto a la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), especialmente en la selección apresurada de 99 sitios prioritarios para protección ambiental. Sonami, CPC, SalmonChile y la Cámara Chilena de la Construcción han alertado sobre el impacto que estas áreas protegidas tendrían en actividades productivas estratégicas para el país, solicitando extensiones en los plazos de consulta pública y reglamentos claros que respeten los derechos adquiridos y permitan un equilibrio entre desarrollo y conservación.

En el ámbito energético, gremios del sector han planteado la necesidad de fortalecer la inversión y modernizar la institucionalidad para garantizar la seguridad del suministro y acompañar la transición energética. En reuniones con equipos programáticos presidenciales, han subrayado la urgencia de duplicar la capacidad de transmisión eléctrica y simplificar la regulación para acelerar inversiones, en un contexto donde la electrificación y las energías renovables son pilares estratégicos del desarrollo nacional.

En otro frente, los gremios de la construcción han llevado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una consulta sobre la nueva norma para la conexión de proyectos al suministro eléctrico, denunciando atrasos, falta de transparencia y cobros arbitrarios por parte de las distribuidoras. Esta acción judicial busca revisar si la normativa vigente favorece prácticas anticompetitivas que afectan el desarrollo inmobiliario y de infraestructura.

Por último, los gremios turísticos han expresado su rechazo a la reducción presupuestaria del 29% en el Programa de Atracción Turística para 2026, advirtiendo que esta medida podría significar una pérdida cercana a US$400 millones en divisas para el país y un retroceso en la recuperación del sector tras la pandemia.

Diversas voces, tensiones irreconciliables

Desde el mundo gremial, las posturas no solo reflejan intereses económicos, sino también visiones distintas sobre el rol del Estado, la regulación y el desarrollo sostenible. Los sectores productivos más grandes abogan por reglas claras y estabilidad que permitan inversiones, mientras que las PYME reclaman mayor equidad y simplificación tributaria. Los sectores ambientalistas y productivos se enfrentan sobre la urgencia de proteger la biodiversidad sin sacrificar la economía.

Según Susana Jiménez, presidenta de la CPC, "Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos". Por otro lado, Juan Pablo Swett, líder de la Multigremial Nacional, advierte que "el proyecto incumple los acuerdos y anuncia un alza escalonada del impuesto que afectará gravemente a las PYME".

Verdades y consecuencias emergentes

Este complejo panorama muestra que Chile está en una encrucijada donde las reformas necesarias para modernizar el sistema tributario, proteger el medio ambiente y fortalecer sectores estratégicos se cruzan con resistencias legítimas y preocupaciones fundadas. La fragmentación gremial y la multiplicidad de intereses complican la gobernabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos estables.

La decisión de mantener o modificar la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las PYME impactará directamente en la formalización, inversión y empleo de este sector, que es motor fundamental de la economía chilena. Asimismo, la forma en que se implementen las áreas protegidas y se regulen las conexiones eléctricas determinará la viabilidad de proyectos productivos y el desarrollo regional.

En suma, Chile enfrenta un desafío para conciliar crecimiento económico, justicia tributaria y sostenibilidad ambiental, en un contexto donde las voces gremiales actúan como protagonistas en el coliseo de la política y la economía nacional. La capacidad de diálogo y la voluntad política serán claves para evitar que estas tensiones se traduzcan en bloqueos que afecten el bienestar colectivo.

Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, Diario Financiero, Reportea.