Senado decide sobre acusación constitucional a juez Ulloa: un pulso entre independencia judicial y control político

En un proceso que ha tensionado los límites entre la independencia del Poder Judicial y el control político, el juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, enfrenta una acusación constitucional que podría terminar con su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.El 29 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría (141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) la admisibilidad del libelo acusatorio contra Ulloa, tras un debate donde la defensa intentó sin éxito detener el proceso alegando vicios de forma y una supuesta doble sanción, dado que el juez ya había sido objeto de un proceso disciplinario en la Corte Suprema.La acusación se basa en el notable abandono de deberes, filtración de información reservada a un abogado penalista y vínculos impropios con Luis Hermosilla, figura central del llamado "Caso Audios".

Un coliseo político-jurídico

El proceso ha sido seguido con atención no solo por la ciudadanía sino también por especialistas en derecho constitucional y expertos en ética judicial. La defensa, encabezada por el abogado Domingo Hernández, sostuvo que la acusación violaba principios básicos del debido proceso, señalando la inhabilidad de algunos diputados promotores por tener un interés directo en la causa penal y denunciando un posible doble juzgamiento. Sin embargo,estos argumentos fueron rechazados contundentemente por la Cámara, que desestimó la cuestión previa con 127 votos en contra y solo 1 a favor.

Por su parte, los diputados que impulsan la acusación —entre ellos Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (DC) y Eric Aedo (DC)— defienden la necesidad de ejercer un control efectivo sobre otros poderes del Estado cuando se detectan conductas que comprometen la imagen y la independencia judicial.“No podemos permitir que la confianza en el Poder Judicial se siga erosionando por relaciones que comprometen su imparcialidad”, señaló Tello.

Perspectivas encontradas

Desde la derecha, sectores como Renovación Nacional y la UDI mostraron disonancias internas. Mientras algunos diputados optaron por la abstención, otros apoyaron la acusación, evidenciando una tensión política que trasciende la cuestión judicial y refleja las complejidades del equilibrio de poderes en Chile.Un diputado de Evópoli comentó bajo condición de anonimato: “Reconocemos la gravedad de las conductas, pero tememos que esta acusación se use como herramienta política más que como un mecanismo de justicia”.

En la sociedad civil y el mundo académico, el caso ha generado debates sobre la transparencia y la ética en la judicatura, así como sobre la función del Congreso como fiscalizador. Algunos expertos advierten que la politización del proceso puede sentar un precedente peligroso para la autonomía judicial, mientras otros valoran la actuación del Parlamento como un ejercicio legítimo de control democrático.

Consecuencias y verdades consolidadas

Con la acusación ya aprobada en la Cámara, el Senado asumirá la función de jurado, con la potestad de destituir e inhabilitar al juez Ulloa por hasta cinco años. Mientras tanto, Ulloa permanece suspendido de sus funciones, en un limbo institucional que refleja la gravedad del caso y la fractura en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial.

Este episodio revela varias verdades ineludibles: la independencia judicial chilena está en tensión, la imagen del Poder Judicial se ha visto dañada por vínculos impropios y filtraciones, y el Congreso no rehúye su rol de fiscalizador, aunque eso implique entrar en un terreno donde la política y la justicia se entrecruzan con riesgo.

Al cierre de este informe, queda claro que el desenlace en el Senado no solo decidirá el destino de Ulloa, sino que también marcará un hito en la relación entre poderes del Estado y la percepción pública sobre la integridad del sistema judicial chileno.